El Sector de agencias de viajes podría verse claramente perjudicado por el
retraso en la transposición de la nueva Directiva de Viajes Combinados en España. Y es que, teniendo en cuenta la lentitud que ha reinado hasta el momento en el proceso de adaptación, todo parece indicar que
se apurará al máximo el plazo impuesto por la Unión Europea.
La fecha límite es el próximo 1 de julio
De ser así, el cambio normativo entraría en vigor en plena temporada de verano, ya que la fecha límite para que los Estados miembros lleven a cabo las modificaciones exigidas por Bruselas es el 1 de julio del presente ejercicio. En la práctica, esto supondría un duro revés para las empresas del Sector, ya que, por ejemplo, las mayoristas publican sus catálogos en marzo o abril, siendo prácticamente imposible cumplir algunas de las nuevas exigencias incluidas en el texto.
España se expone a duras sanciones
Como publicó NEXOTUR,
a principios de noviembre, hace ahora más de tres meses, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Su compromiso fue que la transposición finalizase el 1 de enero de 2018, lo que llevó al Consejo de Ministros a aprobar también la tramitación urgente del mismo. Sin embargo, más de un mes después de la fecha indicada,
aún no se ha dado luz verde al texto propuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Según expertos consultados por NEXOTUR, resulta poco probable que en menos de cinco meses, es decir, antes del 1 de julio, se den todos los pasos necesarios para que la nueva Ley de Viajes Combinados entre en vigor en las Comunidades autónomas, las cuales tienen las competencias. El próximo paso debe ser la presentación del anteproyecto definitivo, que deberá ser
ratificado por el Consejo de Ministros y, a continuación, por el Congreso de los Diputados. Finalmente será el turno de las Comunidades autónomas. Si bien, debido a la falta de tiempo, lo previsible es que no introduzcan cambios en el texto. En caso de que no se cumpla con el plazo fijado,
España se expone a duras sanciones por parte de las autoridades europeas.
