El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un nuevo contrato centralizado de servicios de agencia de viajes para la Administración General del Estado. Según avanza el Gobierno, se mantendrán los elementos esenciales del vigente, si bien se introducirán «los cambios que permitan mejorar las distintas cuestiones que se han puesto de manifiesto en su ejecución y poniendo en valor la experiencia adquirida».
El presupuesto se eleva a 285,6 millones de euros
En comparación con la anterior convocatoria, en la que Viajes Halcón se impuso al resto de grandes redes en el concurso, el valor estimado aumenta de forma significativa. Asciende a 285,6 millones de euros, frente a los 171 millones del firmado por la red minorista de Globalia. También la duración es mayor, con un plazo de ejecución de dos años, prorrogables otros dos (un año más de prórroga que el actual).
El contrato vigente entró en vigor el 6 de abril de 2015. Dado el alto grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos tras sus dos años de ejecución, ha sido objeto de dos prórrogas, la primera de las cuales finalizó el día 5 de octubre de 2017, y la segunda se extenderá por un plazo de tres meses, hasta el día 5 de enero de 2018. No obstante, con el objetivo de mantener la cobertura del servicio durante la tramitación del nuevo contrato, por el que previsiblemente competirán las grandes redes, se ha acordado con Halcón una nueva prórroga hasta su entrada en vigor. En ningún caso podrá excederse el 5 de abril de 2018, por ser el periodo máximo prorrogable.
Ejecutados más de 158 millones
Hasta el momento, el contrato centralizado lleva ejecutados más de 158 millones de euros. Cubre las necesidades de transporte y alojamiento de los viajeros de 13 ministerios, 81 organismos públicos y cinco entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que se desplazan a cargo de la Administración General del Estado.
CEAV advierte de las ‘graves deficiencias’ observadas en el contrato
Como ha venido publicando NEXOTUR, CEAV se ha mostrado en todo momento contraria a este proyecto de centralización, llegando incluso a interponer una demanda ante la Audiencia Nacional, que no vio motivos para anularlo. La Confederación advirtió recientemente de «las graves deficiencias observadas en el contrato vigente, que consideramos no van a ser enmendadas en la versión prevista para el nuevo concurso en tramitación». Su gerente, Mercedes Tejero, recuerda que «dichas deficiencias fueron ya denunciadas en 2014 mediante recurso ante el Tribunal Administrativo Central, a la vista de que suponían limitaciones significativas en materia de la Ley de Competencia».
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