Las agencias de viajes establecidas en Cataluña serán, con toda probabilidad,
las primeras en sufrir la revisión al alza de las garantías. Según establece la Ley de Medidas Fiscales, Financieras, Administrativas y Públicas de 2017, publicada el pasado 30 de marzo por la Generalitat, se prevé que esta medida
sea efectiva a los seis meses desde la entrada en vigor de la nueva normativa, es decir, el 30 de octubre de este mismo año.
Las Comunidades están obligadas a modificar sus reglamentos
Al igual que sucederá en el resto del territorio español, en cumplimiento del requerimiento efectuado por la Comisión Europea, la garantía de viajes combinados se modificará de tal manera que el importe a cubrir se calcule aplicando el 5% (en lugar del 3% actual) de la facturación bruta en viajes combinados del año anterior, siendo el mínimo de 100.000 euros. Se pretende así cubrir los importes pagados por los consumidores hasta la finalización del viaje y los gastos de repatriación, si el transporte está incluido, y el alojamiento previo. También se establece que la repatriación se ha de activar de manera efectiva y gratuita.
Como avanzó NEXOTUR, hace aproximadamente un año se acordó, en el marco de la Mesa de Directores Generales de Turismo de las Comunidades autónomas, una propuesta de texto para revisión al alza. Pese a lo negativo del acuerdo, que implica un aumento sustancial de las garantías, la presión ejercida por CEAV en todo el proceso de negociación contribuyo de manera decisiva en una mejora de las condiciones respecto a las propuestas iniciales. Y es que, según fuentes consultadas por este periódico, varias Comunidades abogaban por aplicar porcentajes de dos dígitos, en vez del 5% finalmente acordado.
¿Por qué aumentan las garantías?
Los hechos se remontan al año 2014, cuando la Comisión Europea determinó que las normativas de algunas Comunidades autónomas relativas a los viajes combinados no cumplían al pie de la letra con las disposiciones en materia de garantías recogidas en la
Directiva de Viajes Combinados de la Unión Europea. Por tanto, el Ejecutivo comunitario inició un proyecto piloto, que obligó al Gobierno español a modificar el artículo 163 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. A raíz de este cambio, es ahora el turno de las Comunidades, que
deben proceder a revisar sus reglamentos.
