La comisión estará formada por 10 representantes, dos concejales por cada uno de los grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede), a los que se suman el único concejal que tienen en la corporación IU y el concejal no adscrito, Juan Machio. En la citada comisión, que se ha dado un plazo de tres meses para elevar sus conclusiones, se sientan además del alcalde, José Ortiz, la concejala de Administración Pública, Carmen García Bernal, Ángeles Vergara e Ignacio Rivas (C’s), José Manuel Piña y Rafael Herrero (por CSSP), David Tejeiro (IU), el antes citado concejal no adscrito y los concejales Encarnación Navarro y Cristóbal Molina (PP).
La comisión se pone en marcha apenas una semana después de que el Ayuntamiento de Torremolinos hiciese público los resultados de la auditoría externa a la gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol para dar cumplimiento al requerimiento por el que el Ministerio de Hacienda ordenó la disolución de la sociedad por pérdidas en sus cuentas de 2013 y 2014, aún en la etapa de gestión del anterior equipo de gobierno.
Resultados de la auditoría
El documento reveló incumplimientos, deficiencias, debilidades y falta de control interno de gastos en la gestión del palacio y señala que la Dirección autorizó en 2013 y 2014 servicios y contratos de cantidades que excedían el límite de 3.000 euros que tenía atribuido. La auditoría señala que la sociedad no llevaba un control de los gastos relacionados con cada evento ni existía presupuesto concreto, circunstancia desencadenante de los desajustes en el control de presupuesto y la situación de pérdidas que ha obligado a su liquidación.
Entre otras observaciones, la auditoría destaca el desconocimiento de los precios de coste y valor de recuperación de la ferias, la cesión gratuita de locales a terceros, la aplicación de tarifas a los arrendatarios de instalaciones distintas a las publicadas en la página web, la inexistencia de un manual de procedimiento de control interno para la contratación de personal nuevo mediante publicidad y pública concurrencia o la falta de depósito en el Registro Mercantil de la contabilidad de los sucesivos ejercicios.
La sociedad gestora del Palacio de Congresos arrojó un resultado de explotación negativo de los ejercicios 2014 y 2015, situación de desequilibrio financiero que para el caso de mercantiles capitalizadas por los ayuntamientos la ley 27/2013 del Ministerio de Hacienda exigía un plan de ajuste —que no se efectuó— y en su defecto su disolución.
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