«Como dice Tom Slee en su libro ‘Lo tuyo es mío’, la economía colaborativa se nos ha contado como una alternativa a la economía convencional, pero esta nueva ola de empresas está en realidad financiada y dirigida por capitalistas de la más vieja escuela«. Así de contundente se muestra el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, quien también denuncia que «en muchos casos, demasiados, hay particulares que han visto en ello un negocio sumergido que supone ingresos no regulados».
‘Hemos denunciado reiteradamente los fraudes e irregularidades’
En una entrevista concedida a NEXOTUR, el líder de los hoteleros revela que «hemos denunciado reiteradamente al Gobierno anterior, a las Comunidades autónomas y al nuevo Ejecutivo los fraudes e irregularidades que se vienen cometiendo en relación a las miles de viviendas que se comercializan de forma ilegal como de uso turístico a través de distintas plataformas». «Algo hemos avanzado en relación a años anteriores en aquellas Comunidades que ya disponen de una legislación al respecto» y «al menos hemos conseguido cierto control en relación a la oferta existente», subraya.
Sin embargo, reconoce que la normativa actual «no es la que quisiéramos». Pese a ello, se muestra optimista y asegura no perder la esperanza «de que finalmente dispongamos de la legislación suficiente y homogénea que acabe con la economía a sumergida».
¿Qué sugieren los hoteleros?
Preguntado por las soluciones que plantean para perseguir la economía sumergida, el presidente de CEHAT hace especial hincapié en la importancia de «establecer los procesos para registrarse y obtener los permisos oportunos, cumplir las obligaciones fiscales, incluir este tipo de alojamiento en las estadísticas turísticas oficiales, hacer cumplir los requisitos y realizar inspecciones de seguridad y vigilancia». «En definitiva, cumplir las leyes y que estas se adecuen a las mismas reglas existentes para los alojamientos turísticos», recalca.
No obstante, Molas aclara que «en ningún caso cuestionamos las preferencias de los clientes». «Únicamente denunciamos aquellas prácticas fraudulentas que compiten de forma ilegal, causando un grave perjuicio a las empresas que cumplen religiosamente con las leyes», explica al respecto.
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