La propuesta aleja a Cataluña de la legislación de los países de la Unión Europea
Frenar esta delirante propuesta, impulsada desde la Generalitat de Cataluña es el objetivo de un
manifiesto que reúne firmas en contra de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. "Un proyecto nefasto para las más de 1.700 agencias de esta Comunidad", según el presidente de ACAVE.
La iniciativa, de prosperar, podría
acabar afectando tanto a otras actividades económicas o figuras profesionales como es el caso de los organizadores profesionales de congresos (OPC) o los gestores de viajes de empresa (
travel managers), que, paradójicamente, luchan desde hace años por obtener el reconocimiento oficial de sus profesiones.
Así, mientras que las formaciones catalanas de los dos grandes partidos de ámbito estatal, el Partido Socialista y el Partido Popular, al igual que Catalunya Sí que es Pot, se han puesto al lado de los agentes en su justa reivindicación,
Junts pel Sí y Ciudadanos han hecho caso omiso a las peticiones del Sector, y apoyan tan extravagante propuesta.
ACAVE asegura que
es "un proyecto nefasto para los intereses" de las agencias de viajes catalanas, y destaca que es "
especialmente peligroso para los consumidores", ya que "tendrán serias dificultades para distinguir entre las agencias que disponen de garantías, y las que no".
En suma, que "la modificación normativa que se pretende, con las enmiendas propuestas por el grupo parlamentario Junts pel Si, supondrían
una desprotección del consumidor, y graves perjuicios para el Sector", advierten con rotundidad los agentes catalanes.
La Administración turística catalana no sólo da un nuevo paso hacia la
ruptura de la "unidad del mercado interno" en España, un objetivo que defienden —desde el pragmatismo empresarial, no desde ninguna posición ideológica— todas las Asociaciones sectoriales.
De salir adelante, se impondría en una importante Comunidad autónoma como es Cataluña una desregulación que
no existe en ningún otro país de la Unión Europea. Una normativa que supera incluso lo que ocurre en países tan neoliberales como Reino Unido. Un disparate, en suma, que va más allá de este Sector.
Porque lo que está en peligro
no son solo intereses de un colectivo (o, como se ha llegado a decir: privilegios de un gremio), sino la
defensa de los legítimos derechos de los consumidores, que son quienes más perderían con ello, habida cuenta de las garantías que asumen los agentes frente a sus clientes. Y para defender estos razonamientos, los agentes de viajes debieran ir de la mano de sus clientes, con las Organizaciones de Consumidores, pues es a ellos a quienes sirven los prescriptores.
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