El cambio normativo ‘restará competitividad a las empresas de Baleares’
«Está estancada y hay pocas posibilidades de que desista de no aplicar lo que recoge dicha ley en materia de descuentos en desplazamientos», lamenta el Abrines, quien advierte de que «afectarán negativamente a los ciudadanos de Baleares que viajen en grupo o con un ‘paquete’ turístico». «Además, restará competitividad a las empresas de Baleares por el encarecimiento de los traslados aéreos«, añade.
Abrines explica que el planteamiento de Fomento es erradicar el fraude, «algo a lo que se suma AVIBA, como así ha manifestado en reiteradas ocasiones». De hecho, subraya que «fueron las propias agencias de viajes las que denunciaron en los tribunales el hecho porque, hasta esa fecha, Fomento no había tomado cartas en el asunto permitiendo, de esta manera, que el fraude se incrementara cada vez más».
Afectará al 30% de los residentes, según AVIBA
Para AVIBA, el departamento que dirige Íñigo de la Serna «seguirá permitiendo que se produzca el fraude» pero, a su vez, perjudicará a los viajeros de Baleares «de forma discriminatoria y abusiva». «Uno de los razonamientos que utilizan es que solo afecta al 3% de los consumidores, porcentaje que, según nuestras estimaciones, asciende al 30%«, sostiene. «La diferencia entre cifras se debe a que la administración central basa sus datos en el cómputo total de viajeros del Estado, sean o no residentes en Baleares, que vuelan entre ciudades españolas», revela.
Desde la Organización se lamenta que, a falta de menos de dos meses para que entre en vigor el cambio normativo, las negociaciones entre la Administración central y la regional «parecen estar estancadas porque Fomento mantiene un planteamiento inamovible que perjudica al residente de las islas». Además, denuncia que transcurridos dos meses de la prórroga concedida, «ni siquiera ha querido reunirse con las agencias de viajes«.
Como punto y final, AVIBA concluye que «para las agencias esta situación es preocupante porque no se pueden confirmar peticiones ni precios para los colectivos afectados«. «Los derechos constitucionales de los baleares van a ser violados», enfatiza Abrines.
