La citada tasa entró en vigor el 1 de octubre de 2014 y era obligatoria para todas aquellas personas no residentes en el país, incluidos los menores de edad. Con su implantación, el Ejecutivo buscaba aprovechar la fortaleza del Turismo receptivo para contribuir a la recuperación económica del país, que había empeorado desde el estallido de la primavera árabe.