El pasado 11 de diciembre entraba en vigor la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, el denominado pasaporte único, mediante el cual una empresa que tenga autorización para operar en una Comunidad autónoma podrá hacerlo en cualquier punto del territorio español, no se aplicará de forma efectiva hasta el próximo 11 de marzo.
Esto se debe a que los artículos de esta ley relativos a la eficacia nacional de las autorizaciones de una Comunidad, las nuevas responsabilidades de supervisión y los procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos, entrarán en vigor en dicha fecha, tal y como se decidió en la Cámara Alta. A pesar de que este cambio normativo es una antigua y constante demanda del Sector Turístico, que espera que se traduzca en un "elemento revitalizante" para el tejido empresarial, todo parece indicar que la actual disparidad legislativa que reina en España provocará, de no corregirse, que no tenga el efecto deseado.
Cejo: ‘Sería más que conveniente armonizar las normativas’
En declaraciones a NEXOTUR, el abogado de Tourism & Law y ex gerente de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), Alberto Cejo, explica que, "en teoría, si se desarrolla con la correcta cooperación de las Comunidades, la nueva normativa favorecerá al empresariado turístico, que sabrá a qué atenerse". No obstante, reconoce que para que esto ocurra "sería más que conveniente armonizar" los requisitos que se piden en cada legislación autonómica.
"Esta ley no es más que un marco teórico normativo y no funcionará sin el consenso y cooperación de todas las Comunidades, todo ello sin perjuicio del respeto debido a la riqueza diferencial de cada una", aclara. Así, indica que el objetivo final de la Ley de garantía de Unidad de Mercado es "la igualdad, de tal forma que se vaya armonizando toda la legislación dispar en materia turística, favoreciendo el adecuado dinamismo empresarial, evitando precisamente el marasmo legislativo actual y consiguiendo incentivar al capital extranjero".
Requisitos más duros para las agencias en algunas Comunidades
Analizando el caso concreto de las agencias de viajes, la abogada Montse Martínez Bastida explica que el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa de la Comunidad donde está establecida una empresa le permitirá "ejercer la actividad en todo el territorio, aunque no cumpla los requisitos impuestos por la legislación del lugar del destino, es decir, donde la actividad económica va a desarrollarse". A su juicio, esta proyección de la norma de origen más allá de su límite territorial "generará situaciones de desigualdad entre operadores que realizan la misma actividad en un mismo lugar".
Martínez pone como ejemplo que a una agencia de viajes establecida en Andalucía le serán exigidos unos requisitos "más duros" que a una agencia de Canarias que quiera operar en esta Comunidad. Esto se debe a que la legislación canaria es "más laxa", ya que no es necesario disponer de póliza de responsabilidad civil y requiere una garantía dos veces menor para las mayoristas y tres veces menor para las mayorista-minoristas.
En este sentido, la abogada explica que "una normativa menos rígida para una determinada actividad económica, que puede tener su razón de ser en las peculiaridades propias del territorio en el que en principio ha de regir, se extendería a otro ámbito territorial en el que, precisamente, la especificaciones que le son propias pueden ser la causa de la implantación de un régimen jurídico más riguroso". Por tanto, entiende que "habrá que ver y como se interpreta esta disposición".
Prioridad del Gobierno en materia turística
Aunque, por tanto, aún existen muchas interrogantes sobre este cambio normativo, el Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se ha propuesto armonizar un total de 253 normativas que pueden afectar a la unidad de mercado. Según reveló el propio ministro José Manuel Soria durante el Consejo Español de Turismo (Conestur), el Ejecutivo tiene voluntad de aproximar la regulación de la actividad turística, para lo que considera necesario "impulsar y liderar un proceso de coordinación interdepartamental a distintos niveles territoriales de cara a simplificar y armonizar la normativa".
El resultado de este proceso, ya iniciado con la homogeneización de la clasificación de alojamientos rurales, proporcionaría un aumento de la competitividad del Sector y permitiría a las empresas mejorar en eficiencia, indica Soria. Además, según ha podido saber NEXOTUR, en los próximos meses están previstas diversos encuentros entre responsables de las administraciones turísticas, incluida una mesa de directores generales de Turismo , para abordar esta cuestión.
