La Comisión Europea revisa la Directiva de Viajes Combinados, equiparando los derechos de los consumidores que contraten varios servicios sueltos con diferentes proveedores turísticos a los de aquellos que adquieran un ‘paquete’ turístico. Con esta revisión de la normativa vigente desde 1990, en la que Bruselas viene trabajando desde el año 2009, se busca garantizar una mejor protección de los consumidores que reserven viajes en los que se incluyan, por ejemplo, vuelos, hoteles o alquiler de automóviles. No obstante, la propuesta de la Comisión deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y previsiblemente no entrará en vigor hasta 2016.
Según explica el Ejecutivo comunitario, la reforma responde a una transformación fundamental del mercado de los viajes, ya que cada vez más consumidores utilizan Internet para organizar su viaje en vez del clásico ‘paquete’ turístico. De este modo, con la revisión de la Directiva de Viajes Combinados "los 120 millones de personas que adquieren viajes personalizados también quedarán protegidos".
Más flexibilidad para anular el viaje
En lo que respecta a los derechos de los compradores de viajes combinados tradicionales y personalizados, la propuesta de la Comisión Europea también introduce una serie de nuevas normas para reforzar sus derechos. En primer lugar, aboga por controles más estrictos de los recargos de precios (con un límite del 10% sobre los aumentos) y la obligación de repercutir las reducciones de precios en circunstancias equivalentes. Asimismo, los consumidores disfrutarán de una mayor flexibilidad al poder rescindir el contrato antes de emprender viaje y pagar al organizador una indemnización razonable. También podrán anular el contrato, de forma gratuita, antes de la salida, en caso de catástrofe natural, conflicto civil o situaciones graves similares en su destino que puedan afectar a sus vacaciones, como por ejemplo, cuando las embajadas desaconsejan el viaje a lugares determinados.
Otro de los aspectos que recoge la nueva directiva es la obligatoriedad de informar en términos claros y comprensibles de que el organizador es responsable de la correcta ejecución de todos los servicios incluidos. Hoy en día, las diferencias en las normas nacionales relativas a la parte responsable (organizador, minorista o ambos) llevan a situaciones en que los organizadores y los minoristas remiten al consumidor a la otra parte, sin que ninguna de ellas asuma la responsabilidad. Además de las reducciones de los precios en caso de que no se haya prestado correctamente un servicio del viaje, los consumidores también pueden exigir una indemnización por cualquier daño no material que hayan sufrido, especialmente "en caso de vacaciones arruinadas". Finalmente, la nueva normativa permitirá a los viajeros presentar quejas o reclamaciones directamente a la agencia de viajes a la que hayan comprando el producto.
En el caso concreto de los compradores de viajes combinados personalizados, es decir, los que adquieren diversos servicios sueltos a través de varios operadores, la propuesta recoge el derecho a exigir la devolución de su dinero y a ser repatriados, en caso necesario, si el vendedor, el transportista o cualquier otro proveedor de servicios se declara en quiebra durante sus vacaciones. Además, también deberán ser informados sobre quién es el responsable de la ejecución de los servicios.
Se suprimirán requisitos ‘obsoletos’
En cuanto a las empresas, según resalta la Comisión Europea, su propuesta de directiva "creará condiciones de competencia equitativas entre los distintos operadores", algo en lo que venía insistiendo la Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes (ECTAA). También se suprimirán algunos requisitos obsoletos, como la reedición de folletos, "ahorrando así a los operadores turísticos y a las agencias de viajes un importe aproximado de 390 millones de euros al año". Se excluirá del ámbito de aplicación de la directiva los viajes de negocios organizados, con lo que Bruselas prevé unos ahorros de hasta 76 millones de euros al año. Por último, se establecerán normas europeas sobre la información, la responsabilidad y el reconocimiento mutuo de los regímenes de protección contra la insolvencia, lo que facilitará el comercio transfronterizo.
