El 1 de septiembre de 2007 se constituía la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), integrando así los antiguos Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia. Con su creación se buscó reforzar la competencia, siendo "uno de las prioridades fundamentales la detección y desmantelamiento de cárteles", tal y como ha reconocido su presidente, Joaquín García Bernaldo de Quirós, en la celebración de 50 aniversario de la Normativa de Competencia en España.
Desde entonces, se han abierto más de 50 expedientes en los que se han analizado estos casos de acuerdos horizontales, lo que supone un aumento del 500% respecto al ritmo de los cinco años anterior. Cabe destacar que entre 1990 y 2007 el Tribunal de Defensa de la Competencia realizó únicamente 26 de estos expedientes. Además de la persecución de los citados cárteles, CNC también ha centrado sus esfuerzos en "los abusos de posición de dominio, las restricciones verticales, las recomendaciones de Asociaciones de empresas, colegios profesionales, etc.", señala su presidente.
El reforzamiento de la CNC se ha reflejado especialmente en el Sector Turístico, en el que las acciones emprendidas, especialmente durante los dos últimos años, han afectado y afectan a Grupos comerciales, Asociaciones de agencias de viajes, navieras y grandes grupos turísticos. Por orden cronológico, la última resolución de este organismo relacionada con el Turismo ha sido la imposición el pasado mes de mayo de sendas multas a la Asociación Provincial de Agencias de Viaje de Santa Cruz de Tenerife (APAV) y a la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife (APIT), por valor de 440.000 y 60.000 euros, respectivamente. Ésta viene motivada por la elaboración de listados de precios recomendados a sus asociados para las excursiones regulares en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por la fijación de tarifas de los guías turísticos.
La Ley, ‘principal culpable’ de la frustrada operación Globalia-Orizonia
El caso más sonado fue su intervención en la operación de compra de Orizonia por parte de Globalia, que se desarrolló entre finales de 2012 y principios de este año. Cuando ambos grupos turísticos esperaban conocer los requisitos para llevar a cabo la absorción, la CNC optó por iniciar una segunda fase de análisis de la compra, dilatando el proceso, lo que fue el principio del fin del grupo turístico. Según expuso la CNC, adoptó esta medida "a la vista de posibles obstáculos para la competencia efectiva en diversos mercados relacionados con el Sector de agencias de viajes".
Ante tal decisión, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, afirmó que la ejecución de la operación "no se podía aceptar" sin conocer las condiciones, ya que se habría "puesto en riesgo a nuestro grupo". Además, subrayó que "el principal culpable de lo ocurrido es la Ley de Defensa de la Competencia, que necesita una tramitación de urgencia que evite que una sociedad con dificultades y con comprador acabe solicitando el concurso". En este sentido, Hidalgo explicó que "pensábamos que CNC nos iba a pedir que adelgazásemos el grupo donde tuviéramos más dominio", pero "nunca esperábamos que esto se dilatase tanto en el tiempo".
Está en juego la existencia de las agencias independientes
Entre medias del análisis de la frustrada operación Globalia-Orizonia, archivada definitivamente en marzo, el organismo que preside García Bernaldo de Quirós abrió un expediente sancionador en febrero de este año a los Grupos comerciales relacionados con la Asociación de Grupos Comerciales de Agencias de Viajes (Agrupa). Después de acusar a Gea de un supuesto boicot a determinados proveedores, Competencia hizo lo mismo con Airmet, Avantours, Cybas, Edenia, Europa, Over, Ret, Star y Unida. En su expediente sostiene que se ha producido una infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, que consiste, en general, "en una infracción única y continuada comprendiendo diversos acuerdos para la fijación de precios, de condiciones comerciales, el reparto de mercado y la limitación de la distribución minorista de viajes y ‘paquetes’ turísticos". Una vez incoado, se abre un plazo de 18 meses para la resolución final, que podría implicar sanciones de hasta un 10% de la facturación de estos Grupos, lo que previsiblemente les llevaría a su desaparición.
Mientras que los responsables de los Grupos comerciales implicados prefieren no hacer declaraciones públicas ante el temor de que ello les pase factura, varias voces se han pronunciado en contra de esta decisión. Cabe destacar la intervención del catedrático de Sociología de Empresa y Recursos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Lorenzo Fernández, quien considera "inaudita" la actuación emprendida por la CNC al considerar que "es impensable que estas pequeñas agencias puedan formar un cártel". En este sentido, opina que "parece que pretende eliminar" a las agencias pequeñas" y avisa de que "la única posibilidad de existencia de tales agencias es operar a través de empresas gestoras como grupos de presión, nunca como cártel".
Sanción a Gaspart y multas millonarias a las navieras
Otra de las decisiones de Competencia relacionadas con el Sector fue la sanción impuesta en octubre de 2012 de 140.000 euros a CEOE y de 50.000 euros al presidente de su Consejo de Turismo, Joan Gaspart, "como responsables de una recomendación colectiva de precios", argumentando que "puso de manifiesto la necesidad de subir los precios de los hoteles". En su recurso, la Confederación sostiene que las razones aducidas "no tienen fundamento jurídico, vulneran los derechos constitucionales de libertad de expresión y opinión, y atentan contra la libre gestión de las Organizaciones empresariales". Además, cabe recordar que la resolución de CNC se basa en declaraciones realizadas por Gaspart el 19 de enero y el 26 de enero de 2011, mientras que no fue nombrado presidente del Consejo de Turismo de CEOE hasta marzo de ese mismo año. Como el propio Gaspart ha manifestado en diversas ocasiones, dichas declaraciones "fueron realizadas a título personal y sin intencionalidad ninguna de recomendar una subida de precios, produciéndose en el contexto de una discusión pública con un competidor sobre el nivel de precios en el sector hotelero español", reiteran desde CEOE.
Finalmente, entre las acciones emprendidas por la CNC estos últimos años cabe destacar la cuantiosa multa de más de 54 millones de euros impuesta a principios de 2012 a Trasmediterránea, Baleària, Isleña Marítima de Contenedores, Sercomisa y Mediterránea Pitiusa, fundamentada en su participación en un cártel en las líneas de transporte de pasajeros y de mercancías entre la Península y Baleares y Canarias. Por otro lado, en poco después abría un expediente sancionadora contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) por posibles prácticas restrictivas y "conductas anticompetitivas" en el sector de alquiler de coches sin conductor, lo que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de gestor.
Pese a que todas estos expedientes abiertos y resoluciones evidencian la intensificación de las acciones dese la creación de la CNC en el año 2007, un año antes, concretamente en 2006, el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia impuso una millonaria multa a las Organizaciones empresariales pertenecientes a la Cúpula Asociativa de Agencias de Viajes (CAAVE) que supuesto un antes y un después en el Asociacionismo. Las sanciones, motivadas por la imposición de fees por parte de Iberia, Air Europa y Spanair, llegaron a ascender a 1,6 millones y 1,2 millones en el caso de FEAAV y AEDAVE, respectivamente, provocando su desaparición. La resolución también se llevó por delante, entre otras, a la Asociación de Mayoristas de Viajes Españolas (AMAVE).
