En este caso, el patriarca de la familia Ruiz-Mateos está acusado de una presunta estafa de unos 12 millones de euros por la operación de compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa- a la familia Hoz.
Así consta en una providencia fechada el 30 de diciembre de 2011, a la que tuvo acceso Europa Press, dictada tras ser admitida a trámite la querella interpuesta por el grupo empresarial y que constituye la tercera presentada en Baleares contra el fundador de Nueva-Rumasa.
En concreto, la querella asevera que la familia Hoz es titular legítima de unos créditos que ascienden a 12,4 millones de euros, de los cuales se encuentran vencidos 641.078 euros, como consecuencia de la venta de las acciones de la sociedad a la entidad Free Size Slu, que según el escrito está en manos de una empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Belice. Al frente de la mercantil se encuentra la imputada Álvarez Ampuero.
La denuncia afirma que la totalidad de las acciones fueron vendidas por un total de 21 millones de euros, de los cuales 19,5 millones quedaron aplazados, tal y como consta en la escritura de compraventa. El escrito asevera que el hecho de que la familia Ruiz-Mateos declare que tiene todas las empresas en paraísos fiscales "ante la desconfianza del Gobierno" y que no se presentaran cuentas consolidadas como grupo de empresas "ha facilitado que todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa".
Más conflictos pendientes
El empresario y sus seis hijos varones tienen retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional después de que así lo decretase el pasado mes de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para ellos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales, en el marco de otra causa por una presunta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó.
Las mismas medidas cautelares que días después adoptó la jueza de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el caso que indaga una supuesta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles.
Cabe recordar que el pasado mes de junio la familia Ruiz-Mateos formalizó la venta del grupo Nueva Rumasa, actualmente en concurso de acreedores, a Back in Business, sociedad de Ángel de Cabo, empresario que el pasado año se hizo a través de Posibilitum con Viajes Marsans. La operación se cerró por el importe de deuda de 1.500 millones de euros que suman las empresas del grupo.
