La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre esta normativa
El Grupo Parlamentario Popular, a petición del senador Agustín Almodóbar, ha presentado una moción ante la Comisión de Interior para instar al Gobierno a derogar el Real Decreto 933/2021 del registro documental impuesto al Sector Turístico español desde el pasado 2 de diciembre debido al impacto "extremadamente negativo" en la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas.
De igual manera, denuncian la afectación a los derechos fundamentales de los viajeros y consumidores nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas nacionales y europeas de protección de datos y privacidad. Por ello, piden el establecimiento urgente de un canal de interlocución fluido y constructivo con los operadores hoteleros, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos afectadas.
Asimismo, exigen "descartar absolutamente en lo sucesivo cualquier medida o acción gubernamental lesiva, generadora de duplicidades o de carácter ineficiente o también de inviable aplicación como en el presente caso, que pueda dañar la actividad turística y atentar contra la intimidad y seguridad de turistas y clientes".
Recientemente en el marco de FITUR, el pasado 23 de enero, CEAV, UNAV, ACAVE y FETAVE, las grandes patronales de agencias de viajes que representan a la totalidad del Sector, entregaron al Ministerio de Industria y Turismo un manifiesto en el que recalcaban nuevamente su total desacuerdo con el Real Decreto 933/2021, así como con el proyecto de Orden Ministerial de desarrollo y ejecución, afirmando en el mismo que “el Gobierno español sigue desoyendo las legítimas peticiones del Sector".
Investigación de Bruselas
Cabe destacar también que la Comisión Europea ha abierto una investigación al Gobierno de España para evaluar una presunta vulneración de la normativa europea de protección de datos con la entrada en vigor de este registro documental. Concretamente, el comisario de Justicia, Michael McGrath, a través una carta escrita, ha reconocido estar evaluando esta normativa.
Mientras resuelve esta investigación, McGrath ha manifestado que el objetivo de la Comisión es precisamente reducir la carga administrativa del Sector Turístico un 25%, no aumentarlo: “La Comunicación de la Comisión establece el objetivo de reducir en un 25% las cargas asociadas a los requisitos de información, sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión”.
