El Real Decreto 933/2021 ha sido rechazado por todo el Sector debido fundamentalmente a la imposibilidad de asumir el registro documental e información de los clientes que ejercen actividades de hospedaje, como son las del Imserso. Por todo esto, el presidente de la Comisión de Turismo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Agustín Almodóbar, ha llevado al Congreso de los Diputados varias cuestiones.
El Real Decreto 933/2021 cuenta con el rechazo completo del Sector Turístico
Entre ellas, se pueden destacar dos. En primer lugar, se encuentra la siguiente: ¿cuál es el propósito o la finalidad lógica del Gobierno de Pedro Sánchez imponiendo una duplicidad en la obligación de registro y comunicación de datos, tanto a agencias de viajes y operadores turísticos e intermediarios, como igualmente de forma paralela a los establecimientos de alojamientos turísticos españoles y a las empresas de alquiler de vehículos en España?.
A esto, el diputado alicantino le suma esta otra pregunta, haciendo hincapié en la gestión del Ministerio de Derechos Sociales por parte de Ione Belarra: «¿tampoco tiene previsto el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a la temporada 2023/2024 del Programa de Turismo Social del Imserso, mejorar el service fee a las agencias de viaje que distribuyen dicho Programa, tratándose del Sector turístico más dañado por la pandemia primero y, a renglón seguido, por los efectos de la guerra en Ucrania?».
Ambas cuestiones son los temas centrales que están en disputa dentro de este nuevo decreto. Y es que el denominado service fee sirve para remunerar el trabajo de las agencias de viajes por su trabajo respecto a este proyecto, el cual se considera claramente insuficiente a día de hoy. Algo que se agrava aún más con la mayor carga de trabajo que se les aplica y la consecuente pérdida de tiempo debido a este nuevo proceso de documentación.
Respuestas del Gobierno
Ante tales preguntas, el Gobierno ha emitido una serie de respuestas. Entre ellas, se pueden destacar las siguientes: «La Dirección General del IMSERSO trabaja desde las diferentes Subdirecciones y la Secretaría General para analizar la temporada actual y las anteriores, así como para identificar las mejoras del mismo para adaptarse tanto a la perspectiva e intereses de las personas mayores, como a las propuestas de los actuales adjudicatarios de licitaciones anteriores para simplificar los procedimientos de ejecución. También se analizan las observaciones que han facilitado los diferentes órganos de control de la contratación».
También se debe destacar la respuesta que emiten en torno a la afirmación de Agustín Almodóbar sobre los precios justos a abonar a los operadores hoteleros. El Gobierno afirma que «cabe indicar que la Administración General del Estado, a través del IMSERSO, no mantiene ninguna relación contractual con los establecimientos hoteleros que participan en el programa ni fija los precios que perciben por su participación como servicio incluido en el paquete turístico. Dichos operadores hoteleros contratan con total libertad con las UTE (Unión Temporal de Empresas) adjudicatarias del programa».
Por último, aseguran que «la tramitación de un nuevo procedimiento de contratación, si ese fuere el caso, requeriría de una antelación estimada entre seis meses y ocho meses al inicio del contrato, debido a los tiempos imprescindibles derivados de la aplicación estricta de la LCSP».
Reacción del presidente de CEAV, Carlos Garrido
Ante todo esto, Carlos Garrido ha afirmado que «se tiene que decidir de manera inmediata si va a haber prórroga o un nuevo concurso ya que el proceso de estos programas llevan consigo mucho tiempo de trabajo». Con ello, alude al laborioso trabajo que las agencias emplean en las reservas (entre otras tareas), las cuales necesitan cierto período de antelación.
En concordancia con toda la respuesta del sector, el presidente de CEAV alega que además «el trabajo de las agencias es muy grande para poder realizar estos programas para los mayores y, con el nuevo decreto, más aún debido a toda la gestión documental que se debe realizar».
A tal causalidad, asegura que «se debe retribuir de manera correcta y proporcional a todos los actores del programa, más aún si cabe teniendo en cuenta la coyuntura económica que estamos viviendo». Por último, alude a que, todo tipo de cambio y gestión respecto a este tema, se debe realizar con antelación y planificación.
ICTE también se pronuncia
Durante la celebración de la Noche Q organizada por ICTE en FITUR, su presidente Miguel Mirones hizo hincapié en anunciar la decisión de no ejercer una nueva prórroga de los contratos de los Programas de Turismo y Termalismo para 2024. Esto se debe a que, si no se toma la decisión en las próximas dos o tres semanas, no habría tiempo material para sacar un nuevo concurso y, por lo tanto, proseguirían los altos precios de los Programas hasta el año 2025.
Dichas necesidades fueron atendidas por la ministra de Industria, Comercio y Turismo en el mismo evento, a lo que contestó con las siguientes declaraciones: hay que modernizar el programa y adaptarlo al siglo XXI. También aseguró que trasladaría la petición al Gobierno. Desde ICTE, también recuerdan que, tras la pandemia de la COVID-19 y la consecuente suspensión temporal de los Programas de Turismo y de Termalismo del IMSERSO, se realizó el concurso para el Programa de Turismo y los contratos con los Balnearios para el Programa de Termalismo con datos económicos de 2020.
En este caso, el Gobierno tomó la decisión unilateral de prorrogar ambos programas hasta el año 2023, lo que hacen que estos se tengan que cumplir con unos precios demasiado altos respecto a la coyuntura actual. Esto se debe a que, desde 2020, la inflación se ha disparado en España y los costes energéticos y de alimentos han crecido de manera sustancial. Por lo que, la situación del Sector Turístico es insostenible ante tal cuestión.
CEHAT al respecto
Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, alega que «el Imserso debe ser actualizado porque se hizo hace muchos años. Los viajeros de hace 30 años no son iguales a los de hoy, se ha progresado mucho. Y es que este es un programa para el mantenimiento del empleo, por lo que este debe estar centrado en las épocas con mayor estacionalidad».
Estalella prosigue con lo siguiente: «No puede ser que una parte imprortante de este se comercialice en temporada media o incluso alta, ya que así no se cumple el objetivo básico de que los hoteles puedan permanecer abiertos manteniendo empleo. De hecho, por cada euro invertido, el Estado recupera 1,8 euros, así que es una gran inversión y no un gasto. Viendo esto, nuestra mayor queja es acerca del precio que se recibe».
«En el actual concurso, se subió el precio, pero el adjudicatario que ganó hizo una baja muy importante. Con lo cual, debido al dinero que hay para asignar el número de plazas y para el transporte, los hoteleros cobran 22 euros por día y persona en pensión completa. Según un estudio de costes básicos que hemos hecho, creemos que el hotelero debe cobrar 34 euros. Al igual que, en el concurso, se dijo que las agencias de viajes tenían que cobrar 15 euros mínimo por reserva».
Por último, el secretario general de CEHAT exige lo siguiente: «Queremos que aparezca esta cifra para el adjudicatario, así se podrían cubrir costes básicos. Es decir, la alimentación, la luz, la electricidad, los empleados, etc… De esta manera, no habría posibilidad de que un adjudicatario pueda ganar el concurso a la baja. Por esto, los hoteles están perdiendo y más aún con el 0% de incremento, ni siquiera del IPC, en las dos últimas prórrogas. En los contratos del Estado, nadie puede trabjar a pérdidas».
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