Así lo habían advertido ya a finales de diciembre la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Unión Empresarial de Agencias de Viajes (UNAV) y la Asociación Catalana de Agencias de Viajes Emisoras (ACAVE) respecto a la medida impuesta por el Gobierno. Consideraron -y consideran- que se trata de una iniciativa totalmente improcedente, ya que atribuye esta obligación a las agencias de viajes.
Además, éstas carecen de medios efectivos para poder hacer frente a su cumplimiento, algo que está quedando patente desde el pasado 2 de enero, y recuerdan que esos datos podrían ser proporcionados directamente por los proveedores prestatarios de los servicios.
Las agencias de viajes tienen ahora la obligación de realizar una comunicación previa de los datos en el momento en el que se produce la reserva
En su escrito publicado hace dos semanas, recordaban que, hasta ahora, la obligación de comunicar los datos de las personas que se hospedaban en establecimientos del territorio español afectaba únicamente a los establecimientos de alojamientos. Y eran éstos, precisamente los encargados de dar a conocer estos datos en el momento en que se producía la entrada del viajero en el establecimiento.
Sin embargo, ahora la nueva normativa establece que también se ha de realizar ya una comunicación previa de los datos en el momento en el que se produce la reserva, recayendo esta responsabilidad en las agencias de viajes en su calidad de intermediarias entre el establecimiento de hospedaje y el consumidor, obligación que también amplia a las reservas de alquiler de vehículos a motor.
Una medida calificada como “improcedente” e “incomprensible”
Así las cosas, las entidades ACAVE, CEAV y UNAV piensan que resulta totalmente improcedente que se haya atribuido esta obligación de comunicación de los datos a las agencias de viajes. En su calidad de intermediarias en las reservas, las agencias de viajes trasladan los datos de los viajeros a los establecimientos de alojamiento o a las empresas de alquiler de vehículos a motor a fin de que las reservas puedan perfeccionarse.
Por tanto, consideran que deberían ser los establecimientos de alojamiento y las empresas de alquiler de vehículos los que estuvieran obligados a realizar esta comunicación, y no las agencias de viajes. En este sentido, recuerdan que así sucede ya en otra normativa similar, como es la referente a la comunicación de los datos incluidos en los PNRs de las reservas de billetes aéreos, en la cual el legislador español optó por atribuir esta responsabilidad a las compañías aéreas y no a las agencias de viajes. Ante esta cuestión, consideran totalmente incomprensible que el Gobierno español haya optado por atribuir la obligación de comunicación a las agencias de viajes.
Carencias de recursos en pymes y micropymes
Un punto esencial de su disconformidad se centra en la carencia de medios suficientes de las agencias de viajes para poder hacer frente a esta nueva obligación. No en vano, subrayan que la gran mayoría de agencias de viajes son pymes y micropymes, cuyos recursos limitados les impide implementar una integración tecnológica necesaria para la transferencia de este gran volumen de datos que deriva de la nueva disposición legislativa.
La comunicación manual de los datos por parte de las agencias de viajes debe realizarse en un plazo no superior a 24 horas
Ante esta precaria coyuntura, revelan que se ven abocadas a realizar una comunicación manual de estos datos, a través de la plataforma del Ministerio del Interior, la cual se ha de realizar en un plazo no superior a 24 horas, generándoles a las agencias de viajes importantes costes de personal y tiempo en un momento en el que estas empresas todavía están recuperándose de los graves daños económicos producidos por la pandemia.
Una decisión unilateral del Gobierno
Asimismo, las tres agrupaciones lamentan que esta normativa se aprobara en su momento la disposición sin tener en cuenta la opinión del Sector de las agencias de viajes y desconociendo la operativa real del sector. En este sentido, señalan que no ha sido hasta este año, cuando, una vez que ya aprobada y publicada la normativa, el Ministerio del Interior se reunió, a petición de estas, con las tres organizaciones representativas del Sector de las agencias de viajes, encuentros en los que se puso de manifiesto la incongruencia de la normativa en cuanto a su aplicación a las agencias de viajes.
