La sentencia afecta negativamente a aquellas empresas que realizan su actividad de forma legal, según han mostrado el sector turístico y la Generalitat de Catalunya
Según la normativa catalana es obligatorio publicar el número de identificación del Registro de Cataluña. Un registro donde se inscriben todos los establecimientos legales de todos los municipios de Cataluña junto con el código de la inscripción.
En cuanto al despliegue de las actuaciones de control sobre plataformas, el Govern ha obligado a la retirada de decenas de miles de anuncios a los operadores. Además, abrió 1.706 expedientes sancionadores a todo aquel que había llevado actividades de alojamiento de forma irregular. Entre los cuales 1.503 fueron resueltos con imposición de multas con un precio de entre 3.001 y 30.000 euros, con una cuantía total que superaba los 9,2 millones.
Cambio Directiva de Comercio Electrónico 2000/31
El Departament d’Empresa i Treball mantiene la normativa turística catalana, y apoyará los cambios que se vienen realizando en la futura Ley europea de Servicios Digitales que cambia la Directiva de Comercio Electrónico 2000/31 a la que hace referencia la sentencia del Tribunal Supremo. Además, también mantiene el apoyo a la futura regulación europea de los alojamientos de corta duración con condiciones equitativas y justas económicamente.
La consellería ha mantenido que “es básico que las regulaciones europeas y estatales se doten de principios que velen por que las administraciones regionales y locales tengan los instrumentos para ordenar la actividad en su territorio. Los futuros cambios normativos tendrán que velar por este encaje dado el impacto real que tiene sobre nuestro territorio una práctica como la del alquiler de vivienda turística”.
Mientras que estas normativas no sean aprobadas, las plataformas como Airbnb y la Dirección General de Turismo seguirán manteniendo contenidos ilegales siguiendo la línea que viene marcada por el pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo.
