«Entiendo que, debido a mi proyección pública, por los cargos que ostento en las diferentes organizaciones empresariales, este asunto tiene una trascendencia mediática importante, lo que ya ha sido comunicado a los órganos representativos de asociaciones y organizaciones en la que participo», señala en un comunicado. Así, apostilla que «adoptaré la decisión más adecuada, como siempre he hecho, para los intereses de las asociaciones a las que represento».
Marichal: En ningún momento ha habido intencionalidad por mi parte de defraudar a Hacienda
En este sentido, Marichal alega que la cuestión «se basa en una disparidad de criterios entre la Inspección de Hacienda y mis asesores fiscales», sobre «el devengo y consecuencias del pago aplazado de una operación puntual que realizó una empresa de la que soy partícipe y administrador mancomunado», resaltando que «en ningún momento ha habido intencionalidad por mi parte de defraudar a Hacienda».
De igual manera, comenta que «en 2009, finalizadas las obras, se venden los nueve apartamentos por 1,49 millones de euros a una sociedad vinculada; en el momento de la firma se abonan a cuenta 200.000 euros y el pago del resto quedó aplazado a los siguientes seis meses». Así, pese a que explica que «el precio aplazado no se abonó en el plazo inicialmente previsto en la escritura pública», asegura que «se amplió ese plazo de pago». Y ahí, según indica, «se produce el error técnico de no suscribir ningún documento público que ofreciese fehaciencia de la fecha y aplazamiento por considerarlo innecesario al tratarse de un acuerdo verbal entre las dos partes».
Ante esta situación, «Hacienda entiende que no hay aplazamiento válido y, por tanto, se ha producido el devengo del impuesto en su totalidad, mientras que la empresa entendía que, no habiendo cobrado y novada la obligación y generado un nuevo plazo, el impuesto debía devengarse conforme al criterio de pagos aplazados». Al día de las actuaciones, subraya que «no se ha cobrado esa cantidad pendiente, pero Hacienda consideró y acumuló la venta en un solo acto y ejercicio, el cual, por el importe acumulado de la compraventa y su consecuente repercusión fiscal supera la cifra del delito fiscal y remitió las actuaciones al Juzgado, dado que no hubo acuerdo con la Inspección de Tributos en cuanto al criterio interpretativo antes descrito».
Todas esas partidas están abonadas a la Agencia Tributaria
Tal y como informa el periódico El Día, esta condena ratifica la del Juzgado de lo Penal número ocho de Santa Cruz de Tenerife, que en 2019 condenó al presidente del Consejo de Turismo de CEOE por defraudar 292.947,86 euros junto a su socio en Marmon Atlantis SL, Juan Antonio Moncada, en una operación inmobiliaria al no declarar en el Impuesto de Sociedades las cantidades por la venta de nueve apartamentos a Clínica San Eugenio SL.
El socio mayoritario de Clínica San Eugenio es el padre de Jorge Marichal, y la Agencia Tributaria reparó que se trataba de una operación entre empresas vinculadas por la que Marmon Atlantis SL eludió pagar a Hacienda 292.948 euros. Marichal y Moncada, que ejercían de administradores mancomuninados de Marmon Atlantis SL, no depositaron las cuentas anuales «durante años» y tampoco presentaron la declaración del Impuesto de Sociedades de 2006 a 2020 ni llevaron «adecuadamente» la contabilidad.
Así, el también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha sido condenado a pagar una multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Además, ha de indemnizar a la Agencia Tributaria con 292.948 euros más intereses de demora en concepto de responsabilidad civil. «Todas esas partidas están abonadas a la Agencia Tributaria desde el momento en que se exigieron», asegura Marichal en el comunicado.
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