Indican que los test se deberían realizar en destino y origen, siendo el Estado el que asuma los costes
Del mismo modo, considerando el «muy escaso valor», atención y dotación presupuestaria hacia el Turismo en las cuentas públicas para el año 2021, recalcan la necesidad de un plan de choque y respuesta a las necesidades de la industria turística española en un entorno pandemia. Así, explican que debería servir de base y revulsivo para actuar como palanca de reactivación y transformación de un Sector por definición de arrastre, cuya paralización podría generar un grave impacto socioeconómico desde un punto de vista macroeconómico teniendo en cuenta su carácter estructural dentro de la economía española.
No obstante, desde el Grupo Popular han apuntado que estas medidas deben ir acompañadas de otras iniciativas. Entre ellas se encuentran la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo de 2021; la reducción temporal del IVA a la hostelería, restauración, agencias de viaje y empresas prestadoras de servicios turísticos; o la adopción de medidas para que los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios durante el estado de alarma vigente en 2021 no paguen impuestos. Igualmente, exigen la ampliación a ocho años del plazo de la garantía pública de los préstamos de la línea de liquidez del ICO.
Incentivos a la demanda
Asimismo, creen necesario invertir 50 millones de euros en el diseño e implementación de un programa de incentivos al consumo de servicios y experiencias turísticas, para impulsar y estimular la demanda interna especialmente durante periodos de temporada baja, contribuyendo a desestacionalizar y mitigar las consecuencias del Covid-19, tales como la cancelación de los programas Imserso. En materia de conectividad, demandan trabajar en la recuperación y captación de tráfico aéreo, con la aplicación del sistema de bonificaciones y esquemas de incentivos comerciales como mínimo en un 25% sobre las tasas aeroportuarias por todos los conceptos durante 2021.
Finalmente, respecto a la política de tests, desde el PP indican que las pruebas se deberían realizar en destino y origen, siendo el Estado el que asuma los costes. Además, piden aportaciones financieras a Canarias y Baleares, aprovechando sus favorables situaciones epidemiológicas, en forma de planes estratégicos dotados de 50 millones cada uno para hacer frente al impacto negativo reforzado sobre destinos insulares, dada su exclusiva especialización turística y dependencia del transporte aéreo.
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