Los trabajadores del Riu Oliva Beach, la Asociación Civil «Salvar el Oliva» y la cadena RIU, han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar la grave situación de sus 400 empleados y mostrar su rechazo a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de revisar la concesión del terreno a la hotelera. La anulación de este permiso supondría el cierre definitivo del establecimiento, el despido de sus 400 empleados, además de una pérdida económica incalculable para el municipio de La Oliva y sus más de 25.000 habitantes.
Han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar la grave situación
Los representantes del Comité de Empresa del Riu Oliva Beach, Olegario Gutiérrez y Rafael Giraldes, y el responsable de la asociación civil «Salvar al Oliva» Adrián Fernández, dieron a conocer la desesperación de las casi 400 familias que continúan pendientes de una resolución por parte del Gobierno. Por su parte, Adrián Fernández quiso compartir su historia personal con todos los presentes, explicó que desde que comenzó a trabajar en el hotel con 15 años, mejoró su calidad de vida y la de toda su familia, algo que no hubiera sido posible si el hotel no hubiera existido porque «aquí no hay nada más». «Multipliquen mi historia por los casi 400 empleados y durante 45 años y entenderán que, tras años de lucha, creamos que el Gobierno está cometiendo una injusticia y una falta de respeto a todo un pueblo», finalizó el representante de la asociación «Salvar al Oliva».
Aclaraciones
RIU concesionaria legítima del terreno desde 2016 y por 75 años, presentó a finales de 2017 una licencia de reforma y modernización del hotel que no sólo sigue bloqueada, sino que ha sufrido un profundo revés tras el anuncio del Ministerio del Transición de la revisión de la concesión de terreno. En este sentido, Águeda Borges, responsable del departamento jurídico de RIU en Canarias, ha dejado claro que esta «no es una reivindicación de una empresa que trata de salvar su hotel, es mucho más. Es un centro de trabajo que da empleo a 400 familias y lo que implica para una economía de escala en este municipio y en toda la isla». Borges también quiso aclarar la transparencia de RIU en todo este proceso burocrático asegurando que la cadena hotelera «ha salido al paso de cada petición, y ha resuelto cada cuestión planteada por las autoridades, por ello es momento de que nos ofrezcan una solución inmediata porque esta es una cuestión de legalidad y de hacer valer el estado de derecho en el que vivimos».
Por su parte, Félix Casado, Consejero Directivo de RIU Hotels y máximo responsable de la cadena en Canarias, añadió que RIU paga cada año «dos millones de euros de la concesión al Gobierno» y que la factura sigue llegando al hotel, la última esta misma semana, a pesar de que permanece a la espera de reforma desde 2017 y que el Ministerio de Transición Ecológica está revisando la concesión.
Asimismo, medios de comunicación han tenido la oportunidad de visitar las instalaciones y ver en primera persona el estado obsoleto en el que se encuentra el hotel. Su director, Fabrizio Congio, y el delegado de RIU en Fuerteventura, Juan Álvarez, han sido los responsables de acompañar a los periodistas durante el recorrido por las zonas comunes y las habitaciones, mostrándoles finalmente la habitación piloto que representa la renovación que espera poder realizar la compañía en cuanto se desbloquee la situación.
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