Las medidas que se han aprobado en Cataluña vuelven a demostrar que se imponen políticas restrictivas en lugar de soluciones preventivas o propuestas de ayudas a un sector que está sufriendo las peores consecuencias en esta fase de la pandemia, debido a las limitaciones continuas que está sufriendo por parte de las autoridades.
Hostelería de España ha presentado un escrito de demanda contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial
Estas restricciones siguen en la misma línea de todas las aplicadas hasta ahora, que sitúan el foco de contagio en la hostelería «de manera injustificada». Según datos facilitados por BI Sectorial – Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que establecen la incidencia de Covid-19 por sectores, solamente el 5,35% de los trabajadores del sector hostelero han tenido baja laboral por el virus frente a otros sectores como el sanitario (33,90%) o incluso el comercio (7,25%). Se trata de datos relativos a los trabajadores, porque en España, a diferencia de otros países, no hay registro de contagios de la población por sectores. Es el caso de Inglaterra, donde los datos reflejan que la hostelería no es vector de contagio, ya que sólo el 3% de las infecciones de la población por Covid-19 en el país se han producido en hostelería, según el informe de Public Health England (PHE).
Dentro de todo este contexto de medidas desproporcionadas sobre el sector, Hostelería de España ha presentado un escrito de demanda contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial, por el que ha anunciadoa la Audiencia Nacional qué disposiciones se quieren recurrir de dicho acuerdo, entendiendo que las mismas no son conformes a Derecho.
Desde Hostelería de España insisten en que «deje de situarse el foco de contagio en este sector, porque no existen evidencias sanitarias ni datos que justifiquen las restricciones a las que nos están sometiendo».«Exigimos por parte de las Administraciones una consideración y respeto similar a la riqueza que aporta al PIB, donde representaba el 6,2% a través de los más de 300.000 establecimientos hosteleros que daban empleo a 1,7 millones de personas, antes del comienzo de la pandemia. La criminalización del sector solo agrava la situación que ya sitúa en 100.000 el número de establecimientos hosteleros que podrían echar el cierre con lo que supone de pérdida de miles de puestos de trabajo en todo el país», añaden.
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