Desde ALA creen que estas medidas adicionales, «que deberían incluir entre otras también la tarifa de pasajeros», podrían ser sufragadas con parte de los fondos del plan de respuesta a la crisis de la Comisión Europea, o incluso utilizando los cerca de 600 millones de euros de dividendos del ejercicio 2019 que le correspondería recibir al Estado español en caso de que Aena finalmente decidiese su reparto. En ambos casos «se beneficiaría al sector sin afectar al resultado del operador aeroportuario, muy afectado por la pandemia».
Ha reiterado la necesidad de líneas del Instituto de Crédito Oficial
Además, ha reiterado la necesidad de líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que ayuden a la liquidez de las empresas con condiciones de aval que «puedan mínimamente acercarse a las de sus competidores europeos». En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor, insisten es que es necesario que sean ampliados hasta el 31 de diciembre e incluso hasta el 31 de marzo de 2021. Respecto al fondo de 10.000 millones articulado por el Gobierno para rescatar a aerolíneas con problemas de solvencia, fuentes de ALA han indicado que «se trata de una decisión que corresponde tomar a las aerolíneas de forma individual».
En este sentido, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya ha explicado que las aerolíneas se verían beneficiadas del fondo de 10.000 millones para ayudar a las empresas viables con problemas de solvencia derivados de la crisis del Covid-19. Ábalos aseguró que «hasta ahora todo funciona a petición y solicitud» de las compañías, por lo que el Gobierno atenderá a las solicitudes de ayuda que realicen las compañías. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, es la encargada de gestionar este fondo.
