Por ello, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha dirigido a los presidentes de las compañías aéreas y asociaciones del sector para recordarles su obligación de incluir en las comunicaciones y mensajes dirigidos a los pasajeros el procedimiento para quienes quieran solicitar el reembolso del dinero. Tanto el bono alternativo como el derecho al reembolso deben aparecer de forma clara y accesible en la información de las compañías aéreas. De lo contrario, Consumo prevé ejercer la acción de cesación contra las compañías que incumplan las normas.
Facua ha valorado positivamente la postura que ha tomado Ministerio de Consumo
La Comisión Europea permite a las aerolíneas tener derecho a la emisión de bonos como alternativa atractiva y fiable al reembolso del dinero, pero señala el carácter voluntario de la aceptación del bono por parte del pasajero o viajero. Por ello, el Ministerio informa de que, en el caso de que el pasajero haya aceptado el bono sin que la compañía le haya ofrecido claramente la opción del reembolso como alternativa, ese consentimiento se considerará «viciado», por no contar con toda la información relevante. «En tal caso, el consumidor seguirá manteniendo su derecho al reembolso», aclaran desde el Ejecutivo.
Por su parte, la asociación de consumidores Facua ha valorado positivamente la postura que ha tomado Ministerio de Consumo en lo referente a este tema. Hasta la fecha, tanto Facua como la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas (ACAVE) han presentado denuncias ante Consumo y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra diez aerolíneas por vulnerar la normativa que les obliga a reembolsar el importe de los billetes tanto a los pasajeros que sufran cancelaciones como los que no puedan volar como consecuencia de las medidas aprobadas por el Gobierno en el estado de alarma. «La confianza en que no se iniciarán este tipo de procedimientos está provocando que las aerolíneas vulneren de forma masiva la legislación, lo que ha derivado en más de 700.000 reclamaciones», ha criticado la organización.
