El experto ha apuntado que se inicia un periodo conflictivo para las empresas, ya que están obligadas a empezar a incorporar a empleados que se encuentren en situación de ERTE cuando se reanude la actividad. Según ha explicado, “si pudiendo abrir un establecimiento, se decide no abrir, aunque sea a tiempo parcial, esta decisión puede ser revisada por la administración laboral, que nos exigirá tener causas suficientes para no retomar la actividad e, incluso, puede solicitar la devolución de las cotizaciones de las que la empresa ha sido exonerada”.
“Ha habido un maremágnum de legislaciones, 11 reales decretos que tienen una influencia directa en el ámbito hotelero”
Tal como ha indicado Vañó, “el principal conflicto va a ser quién determina cuál es el personal necesario según el nivel de actividad de la empresa”, pero sin duda, apunta el experto, “la Administración investigará los casos de abuso, por lo que es imprescindible acreditar la imposibilidad de apertura, en caso de que exista, y justificar que existen causas suficientes para no abrir”.
Asimismo, el director del departamento laboral de PwC Levante ha respondido a numerosas preguntas relacionadas con qué va a ocurrir después del 30 de junio si no se prorroga la actual normativa. El experto ha asegurado que, entre los meses de marzo, abril y mayo, “ha habido un maremágnum de legislaciones, ha sido vertiginoso, 11 reales decretos que tienen una influencia directa en el ámbito hotelero”.
En este sentido, el ponente ha explicado el último Real Decreto de 12 de mayo que incorpora una serie de modificaciones respecto a la duración de la fuerza mayor y los ERTEs parciales. Esta normativa incluye una causa de “fuerza mayor parcial”, para que las empresas puedan retomar su actividad de forma parcial e incorporar a los empleados de forma progresiva en la medida en que vaya incrementando su actividad.
Según ha explicado, “el decreto premia la reincorporación y esto va a generar muchísimos problemas de cara al futuro porque la decisión de retomar la actividad no es fácil desde el punto de vista del negocio”, y ha puntualizado que “las empresas que no puedan retomar su actividad mantendrán las exenciones al 100%, el problema llegará cuando tengamos que discutir qué parte de la actividad pueden retomar esas empresas”.
