Los hoteleros españoles han defendido desde el primer momento que “no se podía abocar a todo un sector económico a una situación de inseguridad jurídica por las posibles interpretaciones que trabajadores, turoperadores, clientes y otros colectivos pudieran hacer de la situación actual en la que se encuentran los establecimientos alojativos del país”.
Aunque ya muchos establecimientos alojativos no recibían nuevas reservas, sí han estado obligados, por responsabilidad, a atender a los clientes que permanecen aún en las instalaciones, mientras estas se vacían.
La patronal confía que en el plazo de siete días dado para la clausura de unas 16.000 instalaciones las embajadas repatríen a sus nacionales
El presidente de la CEHAT, Jorge Marichal, calificó la orden de “bomba de oxígeno” para el Sector, después de haber mantenido diferentes contactos estos días con responsables gubernamentales para trasladar la preocupación de la hotelería del país, más aún en unos momentos en que se puede vivir una más que probable escalada de la curva de contagios, según han informado las autoridades sanitarias. De permanecer abiertos los establecimientos podrían verse afectados trabajadores y clientes, lo que sin duda impediría dar servicio a los huéspedes que permanecieran en las instalaciones, con los problemas de orden público y sanitario que esa situación podría acarrear.
El Real Decreto Ley 463/2020 del pasado 14 de marzo declaró en todo el país el Estado de Alarma, pero dejaba a los establecimientos de alojamiento turístico, unos 16.000 en todo el país, en una situación ambigua. A pesar de que el artículo 10.4 determina que se suspenden las actividades de hostelería y restauración, el anexo I de la citada norma exceptuaba los bares y restaurantes de los establecimientos hoteleros para dar servicio a los clientes que aún se alojan en estas instalaciones.
De ahí que Marichal haya insistido estos días en que desde los hoteles y otros establecimientos alojativos se entendía vital no tener que interpretar textos normativos, sino que se dejara claro y por escrito el cierre de todas las instalaciones de alojamiento turístico, para lo cual era necesaria la orden ministerial. La orden ministerial de Sanidad recoge excepciones al cierre global, como el referido a aquellos establecimientos que alberguen clientes hospedados de manera estable y de temporada, siempre que cuenten con las infraestructuras necesarias en sus espacios habitacionales para poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad y siempre que el establecimiento mantenga labores de vigilancia y seguridad.
Los empresarios del Sector confían en que en el plazo de siete días (que vence el próximo jueves) establecido para proceder al cierre las distintas embajadas puedan organizar los vuelos necesarios para repatriar a sus nacionales. Esta es una acción indispensable para que los establecimientos puedan proceder al cierre sin problemas.
