El 28 de diciembre de 2018 entraba en vigor la nueva Ley de Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados, cambio que generó gran preocupación en el Sector de agencias. Después de seis meses desde la llegada de la nueva normativa, la Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) desvela cuáles son las principales problemáticas que ha traído consigo.
Confusión entre un servicio de viaje vinculado y un viaje combinado
En primer lugar, hace referencia a la confusión entre un servicio de viaje vinculado y un viaje combinado, explicando que «en muchas ocasiones es complicado establecer la diferencia«. Según la norma, si un consumidor contrata al mismo tiempo un billete de avión y un hotel para un mismo viaje y paga los servicios, aunque los abone por separado, será considerado un viaje combinado. Pero si, por el contrario, compra un billete de avión y antes de salir de la agencia decide volver atrás y contratar un hotel para ese mismo viaje, será un servicio de viaje vinculado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el nivel de responsabilidad de la agencia varía sustancialmente en función de la tipología de viaje, ACAVE concluye que «es un procedimiento muy mal definido».
En relación a la información precontractual que las agencias tienen que dar al cliente, entiende que está pensada principalmente para ‘paquetes’ cerrados y no para otras modalidades de viajes combinados que se contemplan en la nueva normativa. Se trata de una información vinculante que no puede ser modificada, a menos que exista un acuerdo explícito entre las partes, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el precio de los billetes aéreos fluctúa constantemente y que en apenas cinco minutos las tarifas pueden subir. «Esto hace sumamente difícil cerrar con antelación la información precontractual relativa al precio final del viaje», indica.
Respecto a la obligación de informar sobre requisitos documentales y sanitarios, la Asociación considera que es una medida «totalmente onerosa y desproporcionada, argumentando que «hay mucha inseguridad jurídica para hallar tal información, pues ni los propios Estados la ofrecen con carácter vinculante».
Pide seguros obligatorios
Por otro lado, ACAVE acusa al Gobierno español de «haber desoído» las alegaciones presentadas por las Organizaciones empresariales en relación a los seguros de viaje. Y es que mientras que la Directiva de Viajes Combinados de la Unión Europea daba la posibilidad a los Estados miembros de que éste fuese obligatorio, el Ejecutivo nacional optó porque sea facultativo. Para la Asociación, este seguro «debería ser obligatorio, sobre todo teniendo en cuenta que las circunstancias personales no se consideran causas de fuerza mayor».
Otra de las problemáticas detectadas es la «dificultad de cuantificar los gastos de anulación». La nueva ley permite establecer en el contrato penalizaciones tipo por la anulación de un viaje, pero «se trata de un sistema sumamente complicado para las agencias de viajes», lamenta. «Por ello, muchas de ellas optan por informar de manera genérica que para los casos de cancelación del viaje el cliente tendrá que indemnizar a la agencia con el precio del viaje, descontados los importes que la agencia haya podido recuperar, ya sea de los proveedores del viaje o por una reocupación de la plaza, importes que se calcularán en cada caso», añade.
Uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa es que da la posibilidad al cliente de cancelar un viaje, sin gasto alguno, en el plazo de 14 días, siempre y cuando haya sido contratado fuera del establecimiento mercantil (lo que no incluye los contratados de manera online o telefónicamente). Ello genera una importante problemática para las agencias de viajes, muchas de las cuales ya han comunicado a ACAVE que dejarán de participar en ferias, pues la nueva obligación que el Gobierno español decidió atribuirles «supone una carga para las agencias de viajes totalmente inasumible», denuncia. Por ejemplo, este punto permitiría a todos los viajeros que contrataron sus viajes en Fitur cancelarlos sin coste alguno, lo que obligaría a las agencias a asumir todos los costes de los gastos de anulación.
Reclama que se elimine la garantía de responsabilidad contractual
La Asociación también reclama una mayor precisión en las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las cuales no siempre están debidamente actualizadas y no reflejan necesariamente el riesgo real del destino. Esto ayudaría a ayudar a corregir la indeterminación del concepto de «circunstancias extraordinarias e inevitables que afecten de forma significativa la ejecución del viaje», que dan la posibilidad al viajero de cancelar el viaje sin gastos.
Con la nueva normativa, si el viajero comprueba que un servicio no está siendo prestado de acuerdo con lo contratado, tiene la obligación de informar a la agencia y darle un plazo razonable para su subsanación, y en caso de que la agencia no ofrezca una solución dentro del mismo, el cliente puede buscar soluciones alternativas que después tendría que asumir la agencia. Sin embargo, ACAVE avisa que «no se establece claramente qué es un plazo razonable«.
Por otra parte, reclama que se elimine la garantía de responsabilidad contractual «dado que es una extralimitación» de la Directiva de Viajes Combinados de la Unión Europea, la cual «es una directiva de máximos y no contempla esta garantía adicional exigida únicamente en España». «A día de hoy, no hay ninguna compañía aseguradora que preste de manera efectiva está garantía», apunta.
Como punto y final, denuncia que la nueva legislación, sumamente proteccionista con el viajero, «haya optado por dejar una puerta abierta al intrusismo, excluyendo a los viajes facilitados de manera ocasional y sin ánimo de lucro a un reducido número de viajeros». «Sin lugar a dudas se trata de una exclusión llena de indeterminaciones jurídicas y que abre las puertas al intrusismo con una total desprotección del consumidor», sentencia.
Noticias relacionadas
