Se ha elaborado una propuesta de guidelines para que pueda ser asumida por las Administraciones
El Gremi d’Hotels de Barcelonaha sido el anfitrión de este encuentro, en el que han participado representantes de más de 30 asociaciones hoteleras de todo el mundo, responsables de los Ayuntamientos de Barcelona, París y Dubrovnik en materia de turismo y, portavoces de la asociación de vecinos de la Barceloneta, uno de los barrios que desde hace tiempo viene denunciando los graves problemas que generan para los residentes estos alojamientos ilegales.
Esta reunión coge el relevo a la cumbre impulsada por la Asociación Hotelera de Nueva York el pasado mes de noviembre, junto con el Gremi d’Hotels de Barcelona, las principales asociaciones hoteleras de París (AHTOP y GNI), Buenos Aires (FEHGRA) y la Asociación Hotelera del Montreal.
En el acto de inauguración, el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha afirmado que “es un orgullo reunir en Barcelona a las organizaciones hoteleras de las principales ciudades del mundo. Resulta muy enriquecedor poder compartir y debatir las experiencias que todos nosotros vivimos día a día en nuestras respectivas ciudades”. Y ha subrayado que “estamos ante un problema global y no de ciudades individuales y, por lo tanto, resulta prioritario sumar esfuerzos para exigir a las Administraciones que tomen medidas para combatir el alojamiento turístico ilegal”.
Propuesta de consenso
Las sesiones de los diferentes grupos de trabajo de ReformBnB Barcelona han culminado con la elaboración de una propuesta deguidelines globales para que puedan ser asumidas por las distintas Administraciones de todas las ciudades del mundo. Este documento de consenso se estructura en sietepautas: registro, fiscalidad, limitaciones, seguridad y salubridad, capacidad de decisión de los vecinos del edificio, responsabilidad, aplicación y control.
La primera propuesta reivindica un sistema de registro que resulta imprescindible para que las autoridades tengan conocimiento de las propiedades que están alquiladas, quién las arrenda y durante cuánto tiempo. Ciudades como Barcelona, París, Buenos Aires y Toronto y países como Colombia, Croacia, Grecia, Suecia y Alemania ya aplican este sistema de registro, pero la medida se quiere hacer extensible al resto de destinos. El primer punto también contempla que las plataformas deberían añadir el número de licencia turística en los diferentes alojamientos ofertados.
La segunda medida pone el foco en la fiscalidad y se reclama que un número similar de tasas e impuestos que se aplica en los hoteles, debe ser pagado por la industria de los pisos turísticos y debe favorecer a las diferentes autoridades gubernamentales a recaudar la cantidad correcta de impuestos. El cumplimiento con la regulación fiscal constituye un factor clave para una competencia justa y además dificultaría la evasión de impuestos por parte de los anfitriones. El texto consensuado también solicita a las Administraciones que establezcan limitaciones para evitar un impacto social negativo. De este modo, las autoridades identificarían a los anfitriones profesionales que actúan de manera regular y se establecería una competencia leal en el mercado turístico.
La seguridad y la salubridad son otros de los aspectos destacados que recoge el documento. Los pisos turísticos deberán cumplir las normas sectoriales aplicables, que tienen que garantizar la prestación de un servicio óptimo y seguro que cubra los derechos del consumidor y que disminuya los problemas de coexistencia con el entorno. En Madridya se aplica esta normativa. Este manifiesto también da voz a la opinión de los vecinos de los distintos barrios turísticos de las ciudades, que tienen que convivir con los turistas. Los vecinos deberían poder elegircon quién quieren conviviry por consiguiente los pisos turísticos no deberían operar en sus edificios sin tener su consentimiento.
Otra de las medidas, que desde hace tiempo ya se aplican en Barcelona y París, pone sobre la mesa que las responsabilidades legales de las plataformas y anfitriones tienen que estar claramente definidas. En este sentido, arrendadores, plataformas online y autoridades deben asumir sus responsabilidades frente al cliente.
El último punto insta a las autoridades locales a regular, limitar o cesar las prácticas que ellos consideren ilegales y a definirlas sanciones para las personas que incumplanlas normas y para las plataformas que no respeten las regulaciones establecidas.
