Castellano, que ha estado acompañado por el equipo del área de Turismo, ha señalado que la nueva norma se justifica en la aplicación de la experiencia adquirida y la evolución de este tipo de oferta en el archipiélago. El consejero de Turismo ha explicado que ese marco general determina, en línea con el anterior decreto, que el alquiler vacacional se limita a suelos de uso residencial no incluido en zonas turísticas, aunque "serán los cabildos y ayuntamientos quienes desarrollarán el planeamiento y podrán definir estándares de implantación", ha puntualizado.
Otra de las novedades que incluye este proyecto de borrador, según ha explicado Castellano, es que, hasta que se apruebe el planeamiento urbanístico, no se permitirá el uso vacacional de las viviendas cuya solicitud de licencia de construcción tenga lugar con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Además, tal y como se anunció en su día, el actual texto, que ahora ha de ser sometido a información pública y a dictamen tanto de otros departamentos del Gobierno como de la Fecai y la Fecam, establece la diferencia entre el propietario que posee una o dos viviendas vacacionales y el explotador profesional, dado que considera que, a partir de que se comercialicen tres viviendas vacacionales, la actividad es profesional.
Del mismo modo, el proyecto de borrador de decreto incluye la necesidad de respetar los convenios colectivos también para los trabajadores del alquiler vacacional y establece unos equipamientos y estándares mínimos que se han de cumplir, como, por ejemplo, la localización en todo momento del propietario tanto para el turista como para la comunidad. También se fomenta la colaboración interadministrativa con relación a la instauración de un procedimiento telemático que se pondrá a disposición de los cabildos insulares a fin de garantizar la eficacia en las tareas administrativas de inscripción y control.
En relación a los canales de oferta turística, estos serán responsables de la veracidad de la publicidad e información que faciliten, deben incluir el número de inscripción en el registro general turístico de la comunidad autónoma en todo tipo de publicidad y deberán prestar colaboración a las administraciones públicas. Además, deberán retirar la publicidad de aquellas ofertas que la administración pública canaria les comunique que están en situación de ilegalidad.
"Las líneas de trabajo que se han seguido para la redacción del proyecto de decreto tratan de adaptar la oferta alojativa a la realidad del mercado incrementando la calidad y la competitividad del destino; armonizar la oferta de viviendas vacacionales con las necesidades de la población y turistas, así como compatibilizar los nuevos usos con los recursos y respetar su implantación proporcional y su integración en el entorno económico, cultural, social y ambiental de cada isla, municipio y núcleo turístico”, ha insistido Isaac Castellano.