ABTA pasa a la acción. La Asociación británica hace un llamamiento a los partidos políticos para que el próximo Gobierno se fije como prioridad la lucha contra las reclamaciones falsas de los turistas. Su pretensión es que se persiga a "las compañías sin escrúpulos" que están detrás de este fenómeno.
La Asociación de Agencias de Viajes de Reino Unido (ABTA)
reacciona tras las presiones recibidas desde el sector hotelero para que ayude a combatir las reclamaciones falsas. Según advierte, cada vez es mayor el número de
"compañías sin escrúpulos" especializadas en la gestión de demandas fraudulentas de turistas británicos que hayan contratado en el extranjero un viaje ‘todo incluido’.
Pide al próximo Gobierno que convierta este asunto en una prioridad
La táctica empleada es llamar a los consumidores una vez finalizado el viaje para intentar convencerles de que "están autorizados a pedir miles de libras de indemnización". Una vez conseguido, les entrenan para que sepan qué deben decir en la reclamación. Sin embargo, ABTA avisa de que "lo que no mencionan a los turistas es que se están arriesgando a ser multados o incluso a ser condenados a penas de cárcel" si se demuestra que se trata de un fraude.
En este sentido, hace hincapié en que tanto hoteles como operadores turísticos, siendo conscientes de estas prácticas, "están dispuestos a desafiar a cualquier cliente" del que tengan sospechas. Por ejemplo, cita el caso de un hotel griego que, tras recibir una reclamación falsa de una pareja británico, les demanda una indemnización de 170.000 libras. Asimismo, recuerda que la prensa española se ha hecho eco de esta oleada de denuncias fraudulentas.
Con el fin de acabar con este tipo de prácticas, ABTA ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos "para que sigan el ejemplo del grupo conservador" y pidan la ilegalización de las citadas empresas. "Están costando a la industria grandes sumas de dinero y están poniendo en riesgo tanto ingresos como puestos de trabajo", denuncia.
Riesgo de penas de cárcel
Su director ejecutivo, Mark Tanzer, explica al respecto que "
los turistas que son engañados para presentar denuncias falsas, están, sin darse cuenta, arriesgándose a tener antecedentes penales o algo peor". "Las empresas de gestión de reclamaciones sin escrúpulos deben ser detenidas y
el próximo Gobierno debe hacer de esto una prioridad", subraya, al tiempo que urge al Ministerio de Justicia a "acabar con las lagunas legales" existentes para "hacer más difícil que estas empresas se beneficien de reclamaciones fraudulentas".
Como avanzó NEXOTUR, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) se reunió el pasado mes de mayo con miembros de ABTA para trasladar un mensaje muy claro a la turoperación británica:
no están dispuestos a pagar las reclamaciones falsas de sus clientes.
Según sus estimaciones, rondan los 60 millones. Según denunció, hace más de un año que se detectaron los primeros casos de reclamaciones fraudulentas y, hasta el momento, no se ha puesto en marcha ninguna medida para combatirlas, sino más bien todo lo contrario. Además, se espera que 2017 sea todavía un año más complicado y que el número de reclamaciones se incremente.
Un 90% de las reclamaciones son falsas
Se estima que
más del 90% de las reclamaciones que reciben los turoperadores son fraudulentas y suponen una estafa para los establecimientos hoteleros. Por este motivo, CEHAT aclara que "no podemos esperar a medidas de largo plazo propuestas por los turoperadores". Con independencia a las acciones de las agencias y turoperadores de Reino Unido, la a industria hotelera española está articulando una
batería de medidas para defender sus intereses: se va a perseguir a todos los defraudadores ante la justicia española, procesando penalmente a todos los que intervengan en la cadena de la estafa cuando se recojan pruebas. Además, se puede entrever la figura del ‘grupo organizado para la comisión de un delito’ que recoge nuestro Código Penal y que podría ser de aplicación en los procesos penales.
Por otro lado,
se van a vigilar estrechamente todas las cláusulas contractuales que modifiquen el régimen de la responsabilidad económica del hotel que puedan alterar la buena fe contractual y por ello ser declaradas nulas. También, y de forma complementaria, se ha exigido un protocolo de actuación para la gestión de las reclamaciones que limite la responsabilidad del hotel solo a aquellas que vengan informadas médicamente, y sean tramitadas según un procedimiento concreto.