FEMP quiere que Turismo se implique en la regulación de las viviendas turísticas

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado a la Secretaría de Estado de Turismo la demanda de las Administraciones Locales de que el Gobierno se implique en la regulación del alquiler de viviendas de uso turístico. El objetivo es que haya una norma a nivel nacional que regule la actividad económica de este sector y que, al mismo tiempo, contribuya a garantizar la sostenibilidad y competitividad de la oferta turística en España.

El Presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP y Alcalde de Palma, José Hila, junto con el Secretario General de esta Federación, Juan Ávila, mantuvieron la semana pasada una reunión con la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, para estudiar estrategias conjuntas en los temas que afectan a las entidades locales y definir la colaboración entre ambas instituciones, entre ellas, y como tema prioritario, el alquiler de pisos turísticos.

En el transcurso de la reunión, los representantes de la FEMP han propuesto a Matilde Asían que se firme un Acuerdo de colaboración con esta Secretaría de Estado, para llevar a cabo actividades conjuntas, tanto con la propia Secretaría como con Turespaña.

Principales reclamas
En concreto, la FEMP reclama, por un lado, la elaboración de un estudio sobre la situación actual del alquiler de vivienda de uso turístico en España –algunos Ayuntamientos ya están elaborando censos- y, por otro, que se implique en la regulación de este tipo de actividad.

El Alcalde de Palma explicó la necesidad de esta regulación a nivel nacional porque afecta a la seguridad y “es necesario que haya un registro de personas alojadas, al igual que ocurre en la oferta reglada”. También por la inexistencia de un control fiscal, dado que el alquiler de estos pisos no tributa como una actividad económica.

Asimismo, la FEMP ha constituido un Grupo de Trabajo, en el que está previsto que participe la Secretaría de Estado de Turismo, para analizar las implicaciones que tiene para los Ayuntamientos, dependiendo de la tipología de municipios, el alquiler de viviendas de uso turístico y los intereses afectados por esta actividad en el territorio.