Jose Manuel Vargas declarará como investigado

El presidente de Aena ha sido llamado a declarar como investigado por presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente. Los demandantes son los residentes de Ciudad Santo Domingo.

El Juzgado de Instrucción 35 de Madrid ha citado a declarar como investigados al presidente y consejero delegado de Aena, José Manuel Vargas, y a su predecesor en el cargo, Juan Ignacio Lema. Tendrán que responder a raíz de la querella criminal presentada por los residentes de la Ciudad Santo Domingo, ubicada en Algete, los cuales les acusan de presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente.

Presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente

También están citados la directora de planificación y medio ambiente, Amparo Brea, así como el antiguo director de medio ambiente, José Manuel Hesse. Los demandantes consideran que se ha cometido un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, sancionado con entre tres y 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.

Mientras tanto, el delito contra el medio ambiente del artículo 325 y siguientes del Código Penal está castigado con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio uno a tres años. El Juzgado de Instrucción 35 de Madrid admitió a trámite esta querella criminal el 13 de noviembre de 2014.

Contaminación acústica tras la ampliación de 1998

Estos querellantes mantienen una lucha judicial con el gestor aeroportuario desde más de una década. En concreto, vienen exigiéndole que se evite una configuración de las 16 posibles (la 18R) cuando las aeronaves aterrizan en Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde el norte, lo que supondría una reducción de la contaminación acústica que producen las operaciones desde la ampliación del aeropuerto en 1998.

Después de que en el año 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimase la demanda inicial, varios vecinos recurrieron ante el Tribunal Supremo, que estimó de forma parcial la misma, instando al aeropuerto a reducir en un 33% los vuelos en dicha pista. Pese a que el gestor aeroportuario adoptó una serie de medidas para adaptar el tráfico, los demandantes volvieron a recurrir al considerar insuficiente dicha sentencia. Así, todo parece indicar que el Supremo dictará una sentencia definitiva durante la presente temporada de verano.