El presidente de Canarias se compromete a "seguir batallando a nivel jurídico" la entrada de capital privado en Aena y a intentar que el Estado declare de obligación de servicio público los trayectos con la Península. Según expone, con este plan los residentes en las islas "verían condicionada su libertad de movimiento".
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, carga contra la "indiferencia con que el Gobierno español viene actuando con respecto a los intereses" de la Comunidad autónoma en materia de transporte aéreo. A su juicio, el Partido Popular "aleja a los canarios de la Península" mediante "la entrada de capital privado en Aena o cruzándose de brazos ante los inaceptables precios" de los billetes de avión.
"Somos los canarios los que estamos sufriendo en mayor medida el desorbitado incremento en el coste de los billetes de avión y seremos los que pagaremos la factura y afrontaremos los mayores perjuicios por la privatización de Aena", remarca. En este sentido, considera que el plan de privatización es "una decisión absolutamente disparatada en el caso de Canarias", ya que entiende que sus "ciudadanos verían condicionada su libertad de movimiento a criterios exclusivamente económicos".
Haya aeropuertos deficitarios que ‘son imprescindibles’
Rivero reconoce que, a pesar de que la Comunidad cuenta con aeropuertos que están "a la cabeza en cuanto a rentabilidad", no todas las infraestructuras lo son. "Hay aeropuertos pequeños que no son rentables pero que prestan un servicio imprescindible a los ciudadanos del archipiélago y que, precisamente por eso, deben seguir tutelados por el sector público", señala. Por ello, sostiene que la movilidad de los residentes en las islas "no puede depender de la cuenta de resultados o del balance económico de una empresa".
El presidente de Canarias se compromete a "seguir batallando a nivel jurídico" para evitar que los aeropuertos canarios "caigan en manos privadas". De igual forma, exige al Estado la declaración de "obligación de servicio público ante la escalada de precios en los trayectos entre Canarias y la Península". "Se trata, básicamente, de garantizar el derecho efectivo de los canarios a moverse libremente por todo el territorio del Estado y de luchar por la igualdad de oportunidades", concluye.