Al igual que ya sucedía en Francia e Italia, desde ayer está prohibido en España los pagos en efectivo que superen los 2.500 euros en operaciones donde participen empresarios o profesionales. Con esta normativa, impulsada en abril por el Gobierno, se pretende luchar contra el fraude fiscal.
No obstante, la limitación de los pagos en efectivo cuando el pagador sea un particular no residente en España se fijará en 15.000 euros, buscando no mermar los ingresos turísticos. En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, detalla que se pretende así favorecer al turista cuando efectúa compras en el país.
El incumplimiento de la normativa supondrá "una infracción administrativa" para ambos del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Hacienda perdonará la sanción a la parte implicada que denuncie los hechos ante la Agencia Tributaria.