Concretamente, la moción recibió 153 votos a favor procedentes del PP, UPN, VOX, Junts y PNV. Junto a esto, se aprobó una enmienda de adición relativa a las agencias para que se les exima de la aplicación de este registro documental.
Se exigen un total de 42 datos personales con esta normativa
El Pleno del Senado aprobó este 20 de noviembre la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular con la que instaba al Gobierno a prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor a partir del próximo 2 de diciembre.
Concretamente, la moción recibió 153 votos a favor procedentes del PP, UPN, VOX, Junts y PNV y 103 en contra del PSOE, Izquierda Confederal y ERC, además de seis abstenciones del BNG. Según el senador popular Agustín Almodóbar, “esta norma ha de ser revisada en profundidad para que se tenga en cuenta la forma en que se desarrolla la actividad turística y, conociendo su operativa, se desarrollen propuestas viables que proporcionen seguridad jurídica tanto a los viajeros como a las empresas obligadas”.
Además, Almodóbar recalcó que todo ello se debe hacer con la garantía de que “no suponga una pérdida de competitividad para España y una carga administrativa incomprensible e inadmisible para el Sector”. Junto a esto, agradeció la presencia en el Senado de las diferentes Asociaciones y patronales turísticas afectadas, entre las que estaban CEAV, Mesa del Turismo y AEDH, entre otras, a las que atribuyó esa petición de prolongar la aplicación de la normativa hasta que sea factible “una solución consensuada, viable y proporcional”.
También nombró a varias patronales turísticas de ámbito europeo, como ECTAA u Hotrec, las cuales se han ido sumando en los últimos meses a ese rechazo de la normativa: “Todos les están advirtiendo reiteradamente la incompatibilidad del registro con la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, lo que genera igualmente gran inseguridad jurídica”. Por otro lado, Almodóbar señaló el “exhaustivo listado” de 42 datos personales que exige Interior, de los cuales “28 afectan a la intimidad de los clientes”.
Respecto a las agencias, aseguró que “la mayoría en España son pymes, prácticamente el 95% del tejido empresarial turístico de nuestro país está formado por pequeñas empresas familiares tradicionales”, lo que derivaría en que esta exigencia incremente el coste operativo y la complejidad de la gestión. Por su parte, María del Mar Caballero, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, presentó una enmienda de adición relativa a las agencias para que se les eximiera de la aplicación de este Real Decreto, la cual fue aprobada tras el resultado a favor de la moción.
Sobre esta sesión, Mercedes Tejero, gerente de CEAV, afirmó estar muy satisfecha con el resultado: “Hemos podido comprobar que cada vez más partidos políticos comparten nuestra visión sobre el Real Decreto 933/2021 ya que no solamente el Partido Popular ha pedido una nueva moratoria de la normativa”. Además, resaltó la exclusión de las agencias pedida por el Grupo Parlamentario Mixto, hecho que “es fundamental para nosotros, es lo que venimos pidiendo desde el minuto cero al Ministerio del Interior, lo que esperamos es que el Gobierno se dé cuenta de que no nos pueden imponer un texto de esas características con estas obligaciones sin que haya un consenso por parte de todos”.