La normativa solicita recabar hasta 43 datos personales
El Partido Popular ha llevado a la Comisión Europea la legalidad del desarrollo del Real Decreto 933/2021 preparado por el Ministerio del Interior, por el que a partir del próximo 2 de diciembre se establecen obligaciones de registro e información en alojamientos turísticos y alquiler de vehículos a motor.
En una pregunta parlamentaria, Dolors Montserrat, vicepresidenta del Partido Popular Europeo, y la eurodiputada Rosa Estarás han informado al Ejecutivo comunitario de que “con el pretexto de la seguridad, el departamento que dirige el ministro Marlaska ha dado la orden a las empresas y agencias de gestión de hospedaje y alquiler de vehículos de recabar hasta 43 datos personales, muchos de ellos sensibles, de índole parental y financieros, de todos sus clientes”, conllevando infracciones graves de hasta 43.000 euros en caso de vulneración.
Teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por el Sector Turístico, tanto nacional como internacional, el PP quiere que la Comisión someta a examen la orden para verificar que cumple correctamente la normativa europea de protección de datos por la que se garantiza la seguridad y la confidencialidad de las informaciones personales.
“Nos hemos hecho eco de las quejas que han planteado sectores muy importantes en España como son las agencias de viajes, la mayoría de ellas pymes, porque colectar y conservar tanta cantidad de datos de los clientes supone un esfuerzo para el que no están preparadas y que además no les corresponde”, manifestó Estarás.
“Eso sin contar con el hecho de que este cuestionario va a complicar muchísimo el proceso de registro en España, algo que puede afectar a nuestra competitividad frente a otros países. Es un despropósito que puede afectar a uno de nuestros principales sectores económicos”, añadió.
En este sentido, la pregunta también se refiere a los medios técnicos y personales necesarios que deben tener las empresas implicadas para cumplir con los requerimientos de confidencialidad establecidos por la UE. “No podemos descargar la responsabilidad de la seguridad de los datos en las empresas ni tampoco entrometer al Estado en cuestiones de índole privada”, declaró Montserrat.
Cabe destacar que, durante el pasado miércoles 23 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del registro documental, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el Sector Turístico español. Eso sí, esta iniciativa fue votada por partes y no todas fueron aprobadas.
Sin embargo, sí que se instó al Gobierno a prolongar la suspensión de la normativa hasta que se abordara una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de la misma en compañía de los subsectores turísticos más afectados, “considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de las empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre”.
También se instó al Ejecutivo a elaborar el desarrollo normativo mencionado considerando los acuerdos ya adoptados durante el procedimiento de implantación con los sujetos obligados y con especial mención a la exclusión de los viajes corporativos, el Turismo de eventos (MICE) y los grupos, “para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del Sector”.