Mediante la PNL del PP, se pidió una revisión de las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos
Durante el pasado miércoles 23, el Pleno del Congreso aprobó la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el Sector Turístico español.
Cabe destacar que esta iniciativa fue votada por partes y no todas fueron aprobadas. Sin embargo, sí que se instó al Gobierno a prolongar la suspensión de la normativa hasta que se abordara una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de la misma en compañía de los subsectores turísticos más afectados, “considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de las empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre”.
También se instó al Ejecutivo a elaborar el desarrollo normativo mencionado considerando los acuerdos ya adoptados durante el procedimiento de implantación con los sujetos obligados y con especial mención a la exclusión de los viajes corporativos, el Turismo de eventos (MICE) y los grupos, “para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del Sector”. En este caso, las agencias no se han introducido dentro de esta exclusión, por lo que continuarían con las imposiciones de la norma.
En este sentido, Carlos Garrido, presidente de CEAV, sigue pidiendo la exclusión total de las agencias de viajes: “Confiamos sentarnos nuevamente con el Interior y las diferentes autoridades para que se reconsidere la aplicación de esta normativa”. Pese a esto, el líder de la Confederación acogió con satisfacción la aprobación de diferentes puntos de esta proposición no de ley.
Por otra parte, se votó a favor de la revisión de obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente.
También se ha instado al Gobierno a apoyar las reivindicaciones que viene planteando de manera unánime desde 2021 el Sector Turístico español en su conjunto acerca de los efectos perniciosos del alcance y contenido de la norma para el funcionamiento de la actividad turística, “contemplada la insensibilidad sistemática del Gobierno de coalición para con el primer sector productivo de la economía española”.
Además, se ha exigido un nuevo proceso de diálogo con los actores del Sector, incluyendo a asociaciones como CEHAT, CEAV, ACAVE, FETAVE, UNAV o FENEVAL, para consensuar el desarrollo normativo mediante orden ministerial señalado y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del Sector. Junto a esto, se ha solicitado que, durante el proceso y hasta no alcanzar consenso, el régimen sancionador no tenga efecto.
Por último, se ha pedido al Ejecutivo que despliegue e implante como principio rector medidas favorables a la mejora de la capacidad competitiva de la marca España y que no se traduzcan finalmente en una pérdida de competitividad ni lastre para la cadena de valor turística española dentro del mercado turístico mundial.