La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha valorado positivamente, aunque con reservas la bajada de las tarifas aeroportuarias en un 3,17% para este año 2022, a partir de marzo, ya que esta reducción podría ser mayor de no repercutir a las compañías aéreas los costes por las medidas y controles sanitarios por el Covid-19 realizados en los aeropuertos.
Estos costes ascienden a 140 millones derivados de los servicios de prevención, higiene y seguridad sanitaria que ha gestionado Aena a lo largo de 2020 y 2021 en la llegada de vuelos internacionales de las diferentes infraestructuras aeroportuarias. Así pues, esta cuantía repercute en los usuarios, ya que se traduce en una mayor presión tarifaria o, como en este caso, en un freno en la rebaja tarifaria.
Estos costes ascienden a 140 millones derivados de los servicios de prevención, higiene y seguridad sanitaria
La ‘Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19’ establece en su Disposición adicional primera que los costes en los que incurra Aena por los conceptos anteriormente citados que no se cubran vía subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que pueda percibir el gestor aeroportuario, se recuperarán a través de tarifas aeroportuarias, traspasándose por tanto a las compañías aéreas, en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Hoy en día, el Gobierno ha optado por no asumir este gasto, por lo que AENA se lo repercute a las compañías aéreas a través de sus tasas aeroportuarias.
"Trasladar costes adicionales a un sector enormemente afectado por la crisis sanitaria no contribuye a su tan necesaria recuperación, clave para la economía de nuestro país", ha asegurado el presidente de ALA, Javier Gándara, quien ha reclamado que el Estado asuma la totalidad de los costes en los que haya podido incurrir Aena por estos controles en las infraestructuras aeroportuarias para que en ningún caso se traslade este sobrecoste a los usuarios.
Asimismo, Gándara ha recordado que el control de los viajeros internacionales depende de Sanidad Exterior, que es competencia exclusiva del Estado, por lo que estas medidas se circunscriben al ámbito de la protección de salud de la que es responsable el Ministerio de Sanidad y, por ende, el Estado. En este sentido, ha incidido en que La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, recoge entre sus funciones organizar y garantizar la prestación de la atención sanitaria del tránsito internacional de viajeros, de la prevención de las enfermedades y lesiones del viajero y de los servicios de vacunación internacional, entre otras.