ACAVE se opone al plan de la Generalitat de Cataluña de retirar el estatus de empresa turística a las agencias y alerta del riesgo de fugas a otras Comunidades. Según denuncia, este proyecto "abre la puerta al intrusismo" y traerá consigo una mayor desprotección de los consumidores.
La Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) ha presentado un pliego de alegaciones ante el
Proyecto de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público para el año 2020, que establece la restricción de la consideración de empresas turísticas exclusivamente a aquellas que hacen mediación en alojamientos turísticos. Además, incluye la eliminación de la definición de agente de viajes y la exclusión de las agencias de viajes del Registro de Turismo de Cataluña.
Crearía inseguridad jurídica y abriría la puerta al intrusismo, según ACAVE
La Organización que preside Martí Sarrate advierte que la aprobación de estos cambios "supondría la exclusión de la normativa turística catalana de las agencias de viajes". Asimismo, denuncia que éstas "perderían su condición de empresas turísticas y dejarían de estar inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña", sin que la misma ley prevea su inscripción "otro registro público, a fin de que los consumidores puedan comprobar si disponen de las garantías establecidas en la legislación europea".
Traslado de sedes a otras zonas de España
ACAVE considera que esta medida "contribuirá decisivamente a un
agravamiento sin freno del intrusismo y a crear inseguridad jurídica tanto para las empresas como para sus clientes". En palabras de Sarrate, la primera consecuencia de la modificación de estos artículos "es la previsible marcha de agencias de viajes de Cataluña, que trasladarán su sede a cualquiera de las otras 16 Comunidades autónomas donde todavía se está garantizando la seguridad jurídica para nuestro Sector". "En todas las Comunidades existe un registro público de agencias de viajes fácilmente consultable por los consumidores,
registro que ahora el Gobierno de la Generalitat quiere suprimir en Cataluña", afirma.
La Asociación considera que las consecuencias de esta medida "
serían muy perjudiciales también para los consumidores". "Al carecer de un registro público de este tipo de empresas, no podrían consultar si la agencia que han elegido dispone o no de la garantía que la normativa europea les obliga a tener para la organización o comercialización de viajes", argumenta.