La CNMC investiga supuestos fraudes de compañías aéreas que operan en Baleares

El Gobierno balear reclamará al Estado que declare obligaciones de servicio público (OSP) en abierto —con operatividad de cualquier aerolínea— todas las rutas aéreas entre las islas y la península ibérica. Así lo ha revelado el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, cuya pretensión es que se establezca un precio máximo para cada trayecto, al igual que existe ya en las conexiones aéreas entre islas.

El Ejecutivo acusa a una compañía aérea de ‘bajo coste’ de subir precios

Pons ha anunciado esta medida tras la reunión mantenida con el presidente de la Agrupación Empresarial de las Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Toni Abrines. Durante el encuentro se han analizado los datos aportados por la Organización, que ponen de manifiesto el incremento de los precios por parte, principalmente, de una compañía aérea de ‘bajo coste’ después de la entrada en vigor de la bonificación del 75% a los residentes. Sobre esta cuestión, el consejero explica que han puesto el caso en conocimiento de la Dirección General de Aviación Civil y que en estos momentos, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) está investigando si se está produciendo este presunto fraude.

Sanciones por importe de un millón de euros

El Ejecutivo balear defiende que el establecimiento de precios de referencia para las rutas con la Península permitiría garantizar que nunca habrá aumentos de precios por encima del límite que se fije para cada ruta. De este modo, se dotaría de mayores garantías a los residentes en las islas. Por otra parte, Baleares reiterará la petición ya cursada al Estado de que se reduzca el precio de referencia de la OSP entre islas, de manera que pase de los 90 euros actuales (precio sin aplicación del 75% de descuento de residente) a 60 euros.

Por último, Pons destaca la labor realizada por el Gobierno en materia sancionadora en aquellas cuestiones en las que tiene competencias. Así, junto con el director general de Consumo, Francisco Dalmau, advierte que se han interpuesto sanciones por comportamientos contrarios a los derechos de los consumidores por importe de un millón de euros en 26 expedientes.