Afirma que ‘es falso’ que el incremento de las garantías vaya a hundir a las pymes
Por ejemplo, afirma que es "falso" que el incremento vaya a "hundir a las pymes", argumentando que "las garantías son proporcionales al volumen de negocio de la empresa". También asegura que existen "amenazas de traslado de oficinas de Comunidad autónoma, a un lugar donde la garantía requerida sea menor". "Como ocurre en tantos otros sectores, pese a que se trata de autoridades de protección de los derechos de los consumidores, lo que hacen es proteger los intereses de los empresarios o al menos tratar de molestarles lo mínimo", valora Facua.
CEAV corrige a Facua
Preguntada por estas cuestiones,
la gerente de CEAV, Mercedes Tejero, corrige a la organización de consumidores: "
a las pequeñas agencias también les va a afectar, aunque como es lógico, en menor medida que a las grandes". "Ahora
tienen una garantía de 60.000 euros y como mínimo van a pasar a 100.000, si esta cantidad es superior a su 5% de facturación", explica. Asimismo, aclara que "no tiene ningún sentido" que haya agencias que amenacen con trasladar sus oficinas a otros lugares cuando "en todas las Comunidades se va a realizar el cambio legislativo".
Por otro lado, Facua también considera "
alarmante la situación de desprotección que viven los consumidores españoles en este Sector". La asociación ve "injustificada la falta de adecuación a la normativa europea; más aún después de los casos de quiebras que se vivieron en 2013, que no han servido ni siquiera para que las autoridades correspondientes hayan hecho algo para cambiar la situación anterior". Al respecto, Tejero aclara que "
siguen teniendo la protección actual, en unos momentos en los que además, el índice de quiebras es muy bajo".
Facua reclama celeridad al Gobierno y autoridades de las Comunidades en la transposición de la nueva Directiva europea, que ofrece una mayor protección a los usuarios de viajes combinados. La organización recuerda que
se aprobó hace casi un año y medio y el plazo para hacerlo termina el 1 de enero de 2018. Además,
considera "indignante" la falta de actuación de la Agencia Española de Consumo, Sanidad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), responsable de la transposición en lo que se refiere a los derechos de los consumidores.
