La afectación a las PYMEs es otro de los problemas que destacan
Valorian, sindicato mayoritario del Sector de las agencias de viajes, ha presentado a través de CESI un escrito ante la Comisión Europea alertando sobre el impacto del Real Decreto 933/2021 impuesto desde el pasado 2 de diciembre. Esta nueva normativa, que obliga a las empresas turísticas a recopilar datos adicionales de clientes, "plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y afecta negativamente a la competencia en el Mercado Único Europeo".
Según Valorian, el Real Decreto impone una carga desproporcionada a las empresas españolas y distorsiona la competencia dentro de la UE. Junto a esto, señalan que provoca una desventeja para las empresas españolas ya que "mientras que operadores extranjeros y plataformas online quedan exentos, las empresas españolas asumen una carga injusta".
La afectación a las PYMEs es otro de los problemas que destacan: "Las grandes compañías pueden asumir los costes, pero las PYMEs enfrentan dificultades que limitan su competitividad e innovación". También aluden a la posible infracción de la Directiva de Servicios de la UE: "La regulación impone barreras administrativas que restringen la libre prestación de servicios".
Por otra parte, denuncian el impacto que está suponiendo en la carga de trabajo de las plantillas de las empresas. En primer lugar, señalan la sobrecarga administrativa debido a que la recopilación de datos aumenta la carga de trabajo y afecta el clima laboral. El aumento del estrés es otro de los factores destacados ya que los clientes rechazan proporcionar datos sensibles, generando conflictos y presión sobre los empleados.
Por todo ello, desde Valorian instan a la Comisión Europea a revisar esta normativa para "evitar perjuicios en la competencia, las PYMEs y los trabajadores del Sector Turístico".
Investigación de Bruselas
Cabe destacar que la Comisión Europea ya está investigando el Real Decreto 933/2021 que el Ministerio de Interior impuso el pasado 2 de diciembre al Sector Turístico español, “a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos”. Tal y como aseguró el Partido Popular Europeo, el comisario de Justicia, Michael McGrath, a través una carta escrita, reconoció estar evaluando este registro.
Mientras resuelve esta investigación, McGrath manifestó que el objetivo de la Comisión es precisamente reducir la carga administrativa del Sector Turístico un 25%, no aumentarlo: “La Comunicación de la Comisión establece el objetivo de reducir en un 25% las cargas asociadas a los requisitos de información, sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión”.
En su escrito, el comisario indicó que, a escala de la UE, la Comisión pretende reducir en términos generales la carga administrativa y aportar simplificación, en particular para las pymes, incluidas las empresas turísticas.
