Desde la última reunión del pasado 4 de octubre, no se ha recibido ninguna comunicación oficial
CEHAT ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre, debido a "la falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el Sector hotelero y los propios viajeros".
La patronal hotelera denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de Asociaciones turísticas internacionales. A pesar de las reiteradas advertencias sobre las repercusiones que tendrá este reglamento, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido una Orden Ministerial para aclarar su implementación.
Para CEHAT, el nuevo reglamento no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país: "Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento".
Además, los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. "El incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo", señalan.
Falta de diálogo y claridad
CEHAT denuncia que esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país. Desde la reunión mantenida con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, CEHAT no ha recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las prometidas aclaraciones.
Jorge Marichal, presidente de CEHAT, lamenta la actitud del Ejecutivo: “Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del Sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros”.
Teniendo todo esto en cuenta, la patronal está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles con el objetivo de impugnar la normativa por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas. CEHAT considera que estas acciones son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos.
