Este se llevará a cabo en torno a las 11 horas
A petición del Grupo Parlamentario Popular, hoy 20 de noviembre se debatirá una moción ante el pleno del Senado por la que se instará al Gobierno a prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
En este caso, con Agustín Almodóbar al frente, se solicitará la elaboración de un nuevo desarrollo normativo consensuado con los actores afectados por el mismo, además de la adopción de diversas medidas para mejorar la capacidad competitiva del Sector Turístico. Cabe destacar que el debate de la moción contra el Real Decreto 933/2021 se estima que se realizará en torno a las 11 horas de la mañana.
Por otro lado, se debe señalar que el pasado miércoles 23 de octubre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del registro documental mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el Sector Turístico español.
Esta iniciativa fue votada por partes y no todas fueron aprobadas. Sin embargo, sí que se instó al Gobierno a prolongar la suspensión de la normativa hasta que se abordara una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de la misma en compañía de los subsectores turísticos más afectados, “considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de las empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre”.
También se instó al Ejecutivo a elaborar el desarrollo normativo mencionado considerando los acuerdos ya adoptados durante el procedimiento de implantación con los sujetos obligados y con especial mención a la exclusión de los viajes corporativos, el Turismo de eventos (MICE) y los grupos, “para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del Sector”. En este caso, las agencias no se introdujeron dentro de esta exclusión, por lo que continuarían con las imposiciones de la norma.
Por otra parte, se votó a favor de la revisión de obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente.
Más peticiones
También se instó al Gobierno a apoyar las reivindicaciones que viene planteando de manera unánime desde 2021 el Sector Turístico español en su conjunto acerca de los efectos perniciosos del alcance y contenido de la norma para el funcionamiento de la actividad turística, “contemplada la insensibilidad sistemática del Gobierno de coalición para con el primer sector productivo de la economía española”.
Además, se exigió un nuevo proceso de diálogo con los actores del Sector, incluyendo a asociaciones como CEHAT, CEAV, ACAVE, FETAVE, UNAV o FENEVAL, para consensuar el desarrollo normativo mediante orden ministerial señalado y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del Sector. Junto a esto, se solicitó que, durante el proceso y hasta no alcanzar consenso, el régimen sancionador no tenga efecto.
Por último, se pidió al Ejecutivo que despliegue e implante como principio rector medidas favorables a la mejora de la capacidad competitiva de la marca España y que no se traduzcan finalmente en una pérdida de competitividad ni lastre para la cadena de valor turística española dentro del mercado turístico mundial.
