La postura oficial del Gobierno de España se resume en que, "tanto el Ministerio de Economía y Hacienda como el de Industria, Turismo y Comercio, trabajan por una aplicación del REAV que —cumpliendo con las previsiones comunitarias— no perjudique al Sector". Así lo afirma Mesquida que, en una entrevista concedida a NEXOTUR, asegura "tener constancia de las demandas de las agencias en este punto y de lo que implicaría una modificación en el sentido que plantea Bruselas". Todo un paso adelante, tras la callada por respuesta con la que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo obsequió a las Organizaciones empresariales, cuando se les requirió para que apoyaran los legítimos intereses de las agencias de viajes, en la controvertida aplicación del IVA.
Afortunadamente, esta falta de apoyo e interlocución tuvo como contrapunto la constante atención que el Grupo Popular ha venido prestando a esta cuestión capital.
Es de esperar que la postura de Mesquida se alinee con la mostrada en anteriores ocasiones por el Ministerio de Economía y Hacienda, que ha confirmado a las principales Organizaciones empresariales de agencias que "irá a pleito para defender su posición ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)". Un paso esencial, aunque de resultado incierto, para evitar que el IVA se convierta en un lastre, que reste competitividad al Sector.
Tal y como adelantó NEXOTUR, la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, por aplicar de forma incorrecta las normas comunitarias sobre el IVA para las agencias de viajes, lo que según Bruselas "ha provocado distorsiones de competencia", a cuenta de la fiscalidad de las agencias españolas, respecto a las de otros países.
A la vista está, como diría el capitán Alatriste, que "no queda sino batirse" —judicialmente hablando— para lo que se requiere la implicación decidida de la Abogacía del Estado y del Ministerio de Economía y Hacienda. Es mucho lo que el Sector se juega ante los Tribunales. De ahí que precise del firme apoyo y la presión constante del secretario general de Turismo.
De la eficacia de la defensa jurídica de las agencias de viajes españolas que asuma el Estado depende en parte una sentencia que, de resultar desfavorable a los intereses del Sector, supondría casi el tiro de gracia para la rentabilidad de no pocas agencias emisoras.
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