Por ello, definimos la medida como de absolutamente desproporcionada, y que, además, ha sido de aplicación inmediata. En este sentido, se publicó el pasado 30 de marzo y debía entrar en vigor a partir del 1 de abril. Tan sólo hemos tenido dos días escasos de margen de maniobra en los que el sector no ha podido reaccionar ni, tan siquiera, avisar al cliente. Así pues, esto nos ha provocado muchos problemas de gestión, además de la mala imagen que ofrecemos, por tener que ser los responsables de dar la cara y las explicaciones a los sufridos turistas.
Una medida desproporcionada que, todo hay que decirlo, ningún responsable tuvo la delicadeza de consensuar con el sector y que comporta una pérdida de competitividad respecto a otras destinaciones turísticas que no son objeto de este gravamen.
Aunque los resultados de ocupación en la Costa Daurada central por Semana Santa hayan sido buenos y estamos muy satisfechos por ello, hemos recibido ya las primeras quejas de los clientes que se han marchado descontentos porque han tenido que rascarse un poco más el bolsillo sin que nadie les avisará antes…
Colaboramos con la Administración encargándonos de recaudar este impuesto finalista; posteriormente, hacemos de liquidadores, damos la cara y, para más inri, nos llevamos todas las críticas. No se pueden cambiar las reglas del juego sin previo aviso. Nuestro sector merece un respeto y éste debe empezar por nuestros gobernantes. Así que lo que debe hacer la Administración es inspeccionar y acabar, de una vez por todas, con la competencia desleal.
