El proyecto contempla la contrucción de un hotel de cinco estrellas gran lujo con una inversión de 115 millones de euros y una previsión de 1.600 empleos. «La incorporación de un hotel de cinco estrellas gran lujo, junto al crecimiento del segmento de cruceros y a los sucesivos récords de viajeros y visitantes, permitirá a Málaga avanzar en calidad de alojamiento y convertirse en ciudad-destino para un turismo de alto poder adquisitivo, lo que completará su ya variada oferta», han señalado desde la CEM.
El organismo empresarial, que engloba a 103 asociaciones empresariales y representa a más de 40.000 pymes y autónomos de la provincia de Málaga, ha solicitado a la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la tramitación simplificada de la evaluación ambiental del plan especial del puerto en el Dique de Levante. En sus alegaciones, la CEM defiende la compatibilidad de la imprescindible protección del medio ambiente con la promoción de un desarrollo económico sostenible, como se consagra en el artículo 1 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.
Crecer respetando el medio ambiente
La organización hace constar en las alegaciones que la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) otorga a la Gerencia Municipal de Urbanismo, órgano competente para tramitar la modificación urbanística del plan especial del puerto, la potestad de decidir qué tramitación corresponde. En este sentido, el informe técnico remitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo, y firmado por funcionarios públicos (arquitecto municipal, jefe de servicio y jefa de departamento), afirma que legalmente procede el trámite ambiental con una evaluación ambiental estratégica simplificada.
Con estas alegaciones, la CEM apuesta por el desarrollo de Málaga desde la óptica ambiental, social, económica, turística y laboral de la ciudad, siempre con la finalidad de garantizar el crecimiento y la posición competitiva respecto a otros territorios del entorno, y todo ello enmarcado en las máximas garantías de seguridad jurídica, sostenibilidad y bienestar social.
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