Asimismo, ha recodado que, en virtud del protocolo suscrito en diciembre de 2007, SPTCV ha asumido la obligación de contratar la redacción de los proyectos y ejecución de las obras. Por su parte, el Ayuntamiento debe encargarse de la tramitación del planeamiento y la obtención del suelo para su ejecución.
El Centro de Convenciones de Castellón se situará junto a la Ronda Este de circunvalación de la ciudad, frente al desarrollo urbanístico del Plan Parcial Taxida, en una parcela de más de 100.000 metros cuadrados. La infraestructura contará, entre otras instalaciones, con dos espacios para exposiciones, diversas salas de reuniones (con capacidades desde 100 a 1.000 personas), cafetería y restaurante, un área para oficinas y un aparcamiento subterráneo para 1.200 vehículos.
El edificio emerge como una isla en el centro de una gran zona verde, formada por estanques, arbolado y parque, diseñada como zona de encuentro y esparcimiento. Además, dentro de la parcela se encuentra el ‘Caminás’, una antigua calzada romana, que será conservada e integrada al proyecto global, que destaca por la importancia de sus espacios y su torre de 151 metros de altura, por lo que se convertirá en el edificio más alto de Castellón.
EUPV denuncia los contratos de Calatrava
Por otro lado, la Generalitat Valenciana ha asegurado que los contratos adjudicados al arquitecto Santiago Calatrava, como el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, "lo han sido con pleno respeto a la normativa que resulta de aplicación tanto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) como a SPTCV". Así se ha referido a las "acusaciones vertidas por representantes de Esquerra Unida del Pais Valencià (EUPV)" tras presentar una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción para que investigue dichos contratos al considerar que hay "serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y a la Hacienda Pública".
En concreto, la Generalitat alude a las manifestaciones realizadas por la coordinadora de EUPV y diputada autonómica del grupo de no adscritos en las Corts Valencianes, Marga Sanz, y por los parlamentarios Marina Albiol y Lluís Torró, firmantes todos ellos de la denuncia. El Gobierno valenciano considera que la denuncia y las manifestaciones posteriores de éstos "pueden ser constitutivas de delito tipificado en el código penal", por lo que indica que "las sociedades públicas anteriormente referenciadas se reservan el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes en defensa del interés general".
En el comunicado, recalca que CACSA y SPTCV "han sido sometidas anualmente a auditorías por empresas independientes" y que, posteriormente, su actividad también "es fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas, sin que se haya detectado ningún motivo que haya dado lugar a la determinación de responsabilidad contable". La Generalitat asegura que "no existe incumplimiento de la normativa fiscal" dado que la sociedad Santiago Calatrava GMBH carece de establecimiento permanente en España y, en ese caso, "se produce la inversión del sujeto pasivo, por lo que la entidad pagadora de los honorarios debe autorrepercutir el IVA".
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