Las agencias de viajes se han cansado de la inacción por parte de las autoridades competentes ante los problemas que provoca la Ley de Viajes Combinados y han pasado a la acción. Como publicó NEXOTUR, el gabinete jurídico de Grupo GEA ha elaborado un informe con propuestas para hacerla más justa y adecuada a los momentos que estamos viviendo. Este documento ha sido enviado a CEAV, quien lleva meses luchando para regular la Ley. «Creemos que es fundamental que el planteamiento de una reforma nazca del colectivo que, a día de hoy, es el responsable de soportar la mayor carga en caso de conflicto con el viajero», destacó la directora general de GEA, Sara Fernández.
Defienden que los bonos no solucionaron los problemas de las agencias de viajes minoristas, sino que sirvieron de escudo para los organizadores
Las agencias de viajes minoristas proponen la reforma del artículo 161, que sostiene que «los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato». Así, desde el Sector alegan que la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015, establece en su artículo 13.1 que «los Estados miembros garantizarán que el responsable de la ejecución de los servicios de viajes incluidos en el contrato de viajes combinados sea el organizador, con independencia de que estos servicios vayan a ser ejecutados por el organizador o por otros prestadores de servicios de viaje».
Del mismo modo, el informe al que ha podido tener acceso NEXOTUR demanda que se defina con claridad qué debe entenderse por insolvencia. Esto se debe a que consideran que «a nivel de la UE carece de sentido que a los organizadores y minoristas se les exija una garantía frente a la insolvencia, que en España se extienda más allá a nivel autonómico, cuando la actual crisis ha puesto en evidencia los numerosos incumplimientos de los transportistas aéreos y marítimo de pasajeros».
España ha roto la armonización europea
Además, desde el gabinete jurídico de Grupo GEA apuntan que el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 1/2007, en su redacción actual, contempla la garantía frente a la insolvencia y la responsabilidad contractual, por lo que salvo mejor criterio, infringe lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva europea, que defiende que los Estados miembros no podrán establecer «disposiciones más o menos estrictas que den a los viajeros un nivel diferente de protección». Así, critican que existe en la UE la exigencia de un nivel de armonización que España ha roto, al conferir a nuestros ciudadanos mayor protección que al resto de los europeos perteneciente a la UE.
Por otra parte, como se desprende del informe no están conformes con el Decreto-ley 11/2020, de 1 de abril de 2020, que estableció la posibilidad de ofrecer un bono con validez de un año, y si el cliente no lo utilizaba podía pedir el reembolso, en el plazo de un año a contar desde que se alzare el estado de alarma. Señalan que «no solucionó los problemas de las agencias de viajes minoristas, sino que sirvió de escudo para los organizadores, hoteleros y compañías aéreas, entre otros».
Finalmente, el documento elaborado por el gabinete jurídico de Grupo GEA apunta que «tampoco existe en nuestro país una normativa que sirva para luchar contra el intrusismo, máxime ahora con la digitalización». Por ello, las agencias creen que «sería preciso que la organización de viajes combinados por supuestas entidades no lucrativas, con carácter excepcional, que en muchos de los casos supone un fraude de ley, se legisle incluyendo exigencias concretas y no genéricas, huyendo de fórmulas genéricas».
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