Ya han pasado unos días tras la celebración de la última manifestación contra el modelo turístico de Canarias el pasado 20 de octubre. En esta ocasión, los ecos parecen haberse diluido antes por tratarse de unas movilizaciones menos multitudinarias que las celebradas en abril en las principales capitales canarias. Y una vez que se recogen las pancartas y las reivindicaciones dejan de escucharse tan de cerca, ¿qué es lo que queda? ¿cómo se corrigen las externalidades que el Sector Turístico ha podido provocar? ¿cómo impulsamos un plan y llamamos a la acción a las administraciones públicas para solventar los grandes asuntos que a todos preocupan?
Pues a mí solo se me ocurre una forma: trabajando juntos, los representantes públicos y los privados, así como los colectivos ecologistas, ambientalistas y todos los que tienen algo que aportar en positivo. Quienes quieran seguir con su guerra ideológica en términos de «buenos y malos», lo siento mucho, pero en ese debate sin sentido no me van a encontrar. Los que quieran sentarse en una mesa a debatir y a proponer cómo podemos mejorar la solución, siempre podrán contar con Ashotel. De hecho, ya hemos iniciado ese camino. Hemos puesto en marcha un proceso denominado ‘Diálogo canario por el turismo del futuro’, en el que nos hemos podido sentar con colectivos empresariales y ecologistas y hemos empezado a colaborar en iniciativas y propuestas. Ese, para mí, es el camino que debemos transitar.
Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, compartimos y lo digo honestamente gran parte de las reivindicaciones que han expuesto los colectivos que han salido a la calle. Estamos a favor de que se corrijan de una vez los vertidos ilegales de aguas residuales al mar sin tratar que son objeto de sanciones año tras año por parte de Europa. Estamos a favor de que se construya más vivienda en Canarias que dé respuesta a la incesante demanda por parte de la población residente.
Estamos a favor de que se ponga coto al incremento desmedido de la vivienda vacacional, ordenando su regulación, motivada en parte por una mala ley de arrendamientos urbanos. Incluso estamos a favor del control de la oferta hotelera, puesto que ya acuñé hace unos años el término «crecer hacia adentro», con el que mostraba la importancia de la calidad frente a la cantidad.
Estamos a favor de que se cobre una tasa por acceder a los espacios naturales y que el dinero recaudado sea finalista para invertirlo directamente en la mejora de esos espacios naturales y generando empleo verde y mejores servicios, a la vez que se establecen controles respecto al número de personas que los pueden visitar por día. Estamos a favor de que se sigan mejorando, en las mesas de negociación colectiva, las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del Sector hotelero.
Desde mi punto de vista, uno de los principales problemas que tiene hoy Canarias es la falta de vivienda. En ese sentido, me gustaría compartir al respecto algunas reflexiones. Probablemente, la situación que hoy viven miles de familias en las Islas, que no encuentran una vivienda para comprar o alquilar, tiene su origen una década atrás con la última crisis económica (2008-2014). En aquel momento desaparecieron muchas empresas de la construcción debido a la crisis inmobiliaria. Unido a esto, nos encontramos que gran parte de los ayuntamientos de Canarias no tienen adaptados sus Planes Generales a las vigentes leyes del suelo ni a las directrices de ordenación.
Sin planificación urbanística no es posible ordenar el uso del suelo y, por tanto, saber dónde se pueden hacer nuevas viviendas. Además, la exasperante lentitud con la que se tramita cualquier proyecto de construcción de nuevas viviendas, ya sean públicas o privadas, han conseguido llevarse por delante a no pocos constructores y sin constructores, no hay viviendas.
En fechas más recientes, la no existencia de regulación urbanística para un producto turístico extrahotelero como las viviendas vacacionales ha permitido su irrupción en las zonas residenciales, mezclando los usos del suelo y trayendo a turistas a donde vive la gente, lo cual ha generado no pocos problemas de convivencia pero, sobre todo, de reducción de la oferta de viviendas para uso residencial. Tampoco ha ayudado la modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) en 2023, generando indefensión e incertidumbre para el propietario frente al inquilino, lo que ha provocado que los propietarios, o bien dejan su piso cerrado y no lo alquilan o bien lo llevan al mercado turístico vacacional.
Como se puede comprobar, el tamaño de los problemas es lo suficientemente grande y complejo como para superar las diferencias y entre todos arrimar el hombro en su solución. Nadie va a venir de fuera a solucionárnoslo y yo, al igual que ustedes, quiero seguir viviendo en esta tierra.
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