El salario en la hostelería supone de media el 31% de la facturación anual de las empresas
Hostelería de España y CEHAT se suman a la postura CEOE y CEPYME acerca de su oposición a la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los «graves perjuicios» que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo. El salario en la hostelería supone de media el 31% de la facturación anual de las empresas, y en el periodo entre el primer trimestre y el tercer trimestre de 2024 experimentó un incremento de más del 14,5%, suponiendo un esfuerzo para las empresas, situándose, de media, el coste laboral por trabajador en el mismo periodo en 22.848 euros.
La reducción de la jornada de un 6% en un sector con más de 1,8 millones de trabajadores de media en 2024 supone un impacto salarial directo de 2.538 millones en el conjunto de las más de 300.000 empresas que conforman el sector. En el caso concreto de la hostelería, donde la producción está vinculada a la presencialidad la reducción del tiempo de servicio y producción en los locales supone un descenso de un 3% de la facturación, cifrada en 5.099 millones anuales.
Sin espacio para el diálogo
Jose Almeida, presidente de Hostelería de España hace un llamamiento a la sociedad y a los partidos políticos sobre el impacto: Esta medida planteada por el Gobierno, vulnerando la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios, puede implicar un cambio de modelo de ocio en nuestro país, al tener que producirse un reajuste de los horarios de apertura, al tiempo que genera un incremento de los costes, suponiendo pérdida de competitividad. Junto con los índices de incapacidad temporal, la reducción de la jornada laboral supone la tormenta perfecta para un desenlace negativo de muchas microempresas de nuestro país.
Esto impactará especialmente en las zonas rurales donde los establecimientos hosteleros tienen una importante función social y contribuyen al afianzamiento de población. Para Jorge Marichal, presidente de CEHAT: «Se ha eliminado el espacio para el diálogo social y los acuerdos entre empresarios y trabajadores que han fortalecido el sector. La reducción de la jornada no puede ser una decisión unilateral del Gobierno que ignore la realidad operativa de las empresas. Estamos ante una medida que tendrá un fuerte impacto en sectores como el alojamiento y la hostelería, donde la flexibilidad y la estacionalidad son intrínsecas a la actividad. Necesitamos políticas que impulsen la competitividad, no que la penalicen, en un momento en el que, además acusamos la falta de personal
