TRIBUNA DE OPINIÓN
ARTURO BERNAL
La reciente sentencia sobre chiringuitos del litoral andaluz ha vuelto a abrir un debate que trasciende lo jurídico y que afecta a una cuestión mucho más profunda: cómo entendemos la relación entre la protección del medio natural y el desarrollo económico de los territorios y de sus comunidades.
En demasiadas ocasiones, desde planteamientos ideológicos de determinados partidos políticos, se insiste en presentar una falsa dicotomía entre conservación y progreso. Como si proteger nuestros espacios naturales exigiera expulsar de ellos cualquier actividad humana. Como si la mejor forma de conservar fuera prohibir, expropiar, limitar y vaciar de oportunidades aquellos lugares donde miles de familias han construido y siguen construyendo su proyecto de vida en Andalucía.
La realidad demuestra exactamente lo contrario: Andalucía es hoy una referencia internacional en turismo sostenible, conservación ambiental y generación de empleo precisamente porque ha sabido compatibilizar ambos objetivos: protección y desarrollo económico y social. No hemos protegido nuestro patrimonio natural a pesar de la actividad económica; lo hemos protegido gracias a una gestión inteligente que entiende que la naturaleza y las personas forman parte de una misma ecuación. De un mismo ecosistema.
Como he defendido en numerosas ocasiones, la mejor garantía para conservar nuestro patrimonio natural es que genere oportunidades para las personas que viven en él y de él. Cuando un entorno natural crea empleo, riqueza y bienestar para la población local, se convierte automáticamente en un activo que todos desean preservar. Se cuida porque tiene valor. Se mantiene porque genera oportunidades. Se protege porque constituye el principal recurso para el futuro de una comunidad.
Por el contrario, cuando se impone una visión puramente prohibicionista, desconectada de la realidad social y económica de los territorios, el resultado suele ser el abandono, la despoblación y con ello, la pérdida de recursos para su conservación. La protección inteligente del medio natural no consiste en expulsar la actividad humana; consiste en ordenar y aprovechar sosteniblemente los recursos para que naturaleza y desarrollo avancen juntos.
El caso de los chiringuitos, o merenderos como defiende mi buen amigo Fernando Rueda (Gastroarte), es especialmente ilustrativo. Estos equipamientos forman parte de la identidad turística de Andalucía desde hace decenas de años, generan miles de empleos directos e indirectos, dinamizan la economía local y contribuyen a la vigilancia, mantenimiento e incluso al uso ordenado de nuestro litoral. Son, además, uno de los elementos más reconocibles de la oferta de servicios de calidad y más valorados de nuestra oferta turística nacional e internacional.
Por supuesto que las normas deben cumplirse. Nadie cuestiona la necesidad de proteger el dominio público marítimo-terrestre. Pero una cosa es garantizar la legalidad y otra muy distinta impulsar políticas que terminan poniendo en jaque actividades perfectamente integradas en el territorio, generadoras de riqueza y absolutamente necesarias en el reto compartido de la conservación ambiental.
La experiencia internacional es concluyente: los espacios naturales mejor conservados suelen ser aquellos donde las comunidades locales encuentran oportunidades económicas ligadas a su preservación. Ocurre en parques nacionales, en reservas naturales, en zonas rurales, en montes comunales y también en nuestros litorales.
Por eso preocupa que determinados grupos políticos sigan defendiendo modelos que enfrentan sistemáticamente ecología y economía, como si fueran conceptos incompatibles. Esa visión ha demostrado sobradamente sus limitaciones.
El verdadero ecologismo no consiste en empobrecer a las personas para proteger el territorio; consiste en hacer que la conservación genere prosperidad y que la prosperidad refuerce la conservación.
Andalucía necesita políticas ambientales rigurosas a nivel nacional, basadas en la ciencia, en la experiencia y en el sentido común. Y menos en la ideología. Necesita una protección exigente, pero también inteligente. Una protección que entienda que detrás de cada actividad económica sostenible hay familias, empleo y cohesión territorial. Porque lo que genera bienestar se valora. Lo que se valora se cuida. Y lo que se cuida se conserva.
Esa es la gran lección que debería guiar cualquier política ambiental seria en el siglo XXI. Y esa es también nuestra posición desde la perspectiva del turismo sostenible: proteger mejor para prosperar más. No desde la ideología, sino desde la experiencia, la responsabilidad compartida y la seguridad de que el desarrollo sostenible es el mejor aliado de la conservación de nuestro patrimonio natural.
FUENTE: DIARIO ABC, PUBLICADA EL 01/07/2026
